Durante los primeros meses de la pandemia cuando el Gobierno se vio obligado a declarar el estado de alarma y con ello paralizar la actividad económica, esto provocó que muchos trabajadores terminaran bajo un Expediente Regulador de Empleo (ERTE), una de las medidas que tomo el Ejecutivo para mantener el empleo y evitar una avalancha de despidos.
Sin embargo se produjo una avalancha de ERTEs algo para lo que las oficinas del SEPE que por que por aquel entonces estaban cerradas y solo atendían por vía telefónica, no estaban preparados y muchos empleados públicos se vieron con una carga de trabajo que les superó, lo que provocó muchos retrasos a la hora de tramitar y aprobar las prestaciones por desempleo tanto las que venían derivadas de un ERTE como las ordinarias.
No solo la enorme carga de trabajo provocó esta situación, los errores de las propias empresas a la hora de rellenar la documentación, los propios fallos internos de la administración y sobre todo la falta de personal provocaron estos retrasos y errores en los pagos, los pagos indebidos que ahora el SEPE está reclamando a estos trabajadores y que deben devolverlos en la forma y plazo indicada si no quieren que se les recargue un 20%.
A pesar de que el confinamiento finalizó en junio y muchas empresas volvieron a activar su economía sacando parte de su plantilla del ERTE, parecía que la cosa iba a estabilizarse, sin embargo el Gobierno puso en marcha su medida estrella para proteger a los más vulnerables en esta pandemia, el Ingreso Mínimo Vital, una prestación de la Seguridad Social que venía a cubrir las necesidades básicas de los más necesitados lo que se tradujo en más carga para unas administraciones que no estaban preparadas para tanta carga de trabajo como denuncian los sindicatos.
El Gobierno durante los últimos meses ha ido cambiando algunos requisitos previos a la solicitud para agilizar su tramitación, pero aun así no se ha llegado a tramitar ni una cuarta parte de las solicitudes
Ahora las oficinas están abiertas de cara al público siempre bajo cita previa y con el aforo limitado, por lo que han mantenido la atención telefónica, o al menos en la teoría, porque siguen las quejas de muchos ciudadanos que llaman y no les cogen el teléfono.
Durante los meses de verano parecía que la cosa se estabilizaba, pero luego llego la segunda ola del coronavirus y todo ha vuelto a empezar, estado de alarma con restricciones perimetrales y negocios que han vuelto a cerrar o mantienen la actividad bajo un horario impuesto por las comunidades autónomas, lo que se vuelve a traducir en más trabajadores al ERTE.
Aunque ahora habría que añadir que sin haber mejorado el sistema para las diferentes tramitaciones para hacerlo lo más efectiva posible, el Gobierno ha introducido nuevas prestaciones y ayudas para autónomos sin que se haya aumentado la plantilla como siguen demandando los sindicatos.
El resultado, una media de tres meses de retraso para poder cobrar cualquier prestación, lo que está subiendo un grave perjuicio para todos estos trabajadores que necesitan la nómina para poder hacer frente a sus pagos.
Y la cosa podría ir a peor
Según las previsiones que tienen los trabajadores del SEPE durante los próximos meses avecina una avalancha de despidos, sobre todo de las empresas que entraron en ERTE en los primeros meses de la pandemia, pues ya cumplen con los 6 meses que obligaba el Gobierno a mantener el empleo.
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