Provocar un despido para poder cobrar el paro puede acabar saliendo muy caro. Esa es la advertencia que ha lanzado María José Gómez, asesora de la Subdirección de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), quien ha recordado que los casos en los que existan sospechas de fraude pueden terminar en manos de la Inspección de Trabajo.
La experta realizó estas declaraciones durante una intervención en el programa Madrid Trabaja de Onda Madrid, donde explicó que, aunque un despido disciplinario permite acceder a la prestación por desempleo, la situación cambia cuando existen indicios de que el trabajador ha buscado deliberadamente su salida de la empresa para cobrar el paro.
«Si hay presunción de fraude desde el SEPE se le comunicará a la Inspección de Trabajo», señaló Gómez, dejando claro que el organismo vigila este tipo de situaciones y que las consecuencias pueden ir mucho más allá de perder una ayuda económica.
El SEPE pone el foco en los despidos sospechosos
La advertencia llega en un momento en el que muchos trabajadores desconocen que intentar forzar un despido disciplinario puede convertirse en un problema legal. En algunos casos, empleados que atraviesan conflictos con su empresa y quieren dejar la empresa, no quieren solicitar la baja voluntaria, porque no podrían acceder a prestaciones por desempleo.
Por eso una de las salidas es la de intentar forzar un despido disciplinario, la táctica más utiliza es faltar al trabajo. Con un despido disciplinario al menos se tiene derecho a prestaciones.
Sin embargo, desde el SEPE recuerdan que estas actuaciones pueden ser consideradas fraudulentas cuando se demuestra que el objetivo real era generar artificialmente una situación legal de desempleo. Es precisamente en esos supuestos cuando el organismo puede trasladar el expediente a la Inspección de Trabajo para que investigue lo ocurrido.
La asesora fue especialmente firme al recordar que forzar un despido no solo es una conducta censurable, sino que también puede ser sancionable.
Qué ocurre si la Inspección detecta fraude
Las consecuencias pueden ser especialmente graves para el trabajador. Según recordó Gómez, cuando la Administración acredita que ha existido fraude para obtener prestaciones, la conducta puede considerarse una infracción muy grave.
Esto supone la extinción inmediata de la prestación por desempleo y puede implicar además la exclusión durante un año de subsidios y programas públicos de formación para el empleo. En otras palabras, quien intente acceder al paro mediante una maniobra fraudulenta corre el riesgo de quedarse sin ayudas y sin acceso a determinados recursos públicos destinados a facilitar la reincorporación al mercado laboral.
Las autoridades laborales mantienen una vigilancia constante sobre los despidos disciplinarios precisamente para detectar este tipo de prácticas y evitar el uso indebido de fondos públicos.
Un ejemplo claro es el caso de un trabajador que forzó su despido faltando al trabajo, el caso llegó a la Justicia una vez que tanto el SEPE como la Inspección le retiraron la prestación. Al final la justicia confirmo que su despido fue una baja voluntaria.
Caso contrario fue el de un trabajador que la Justicia obligo al SEPE a devolverle el cobro de la prestación, ya que según el tribunal tanto el SEPE como la Inspección solo tenían sospechas, pero no hechos de que la trabajadora forzará su despido.
Pactar con la empresa el despido también es sancionable
Otra fórmula que llevan muchos trabajadores siempre que la relación sea buena con la empresa es pactar un despido disciplinario falso, lo que se conoce como arreglar los papeles del paro.
Esto también es muy perseguido por el SEPE y la Inspección de Trabajo y tiene las mismas consecuencias que forzarlo para el trabajador, pero para la empresa ya es incluso peor.