El Corte Inglés tendrá que elegir entre la readmisión de su trabajador despedido o bien indemnizarlo con 142.513,60 euros después de que la Justicia haya confirmado la improcedencia del despido.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia en su sentencia nº 122/2026 (STSJ MU 113/2026) ha desestimado el recurso presentado por el Corte Inglés y confirma la improcedencia del despido, pese a las sospechas de irregularidades de facturas y trabajos realizados.
Un despido basado en sospechas de irregularidades
El trabajador, con una antigüedad desde 2001 y un salario superior a los 6.000 euros mensuales, ocupaba el puesto de jefe de mantenimiento.
Todo comenzó tras un informe interno que detectó posibles irregularidades en la gestión de proveedores y materiales. Entre ellas, se señalaban:
- Facturas con horas superiores a las realmente trabajadas
- Trabajos que supuestamente no se habían ejecutado
- Materiales facturados sin detalle o justificación
- Contrataciones verbales sin contrato formal
La empresa consideró que estos hechos suponían una transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza, lo que llevó al despido disciplinario en abril de 2023.
Despido improcedente por falta de pruebas concluyentes
Sin embargo, tanto el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de Justicia han coincidido en un aspecto fundamental en los despidos y es que la carga de la prueba recae sobre la empresa. Es decir, la empresa debe demostrar que los motivos alegados en la carta de despido. Precisamente esto es lo que pasó, el Corte Inglés no puedo acreditar que los hechos fueran ciertos en los términos que justifican un despido disciplinario
La empresa apoyó su decisión en un sistema interno de control de accesos (UCAFECI) y en un informe de auditoría. Pero el tribunal considera que estos elementos no son suficientes para probar irregularidades graves.
Concretamente, el tribunal señala que el sistema de control de acceso no, no garantizaba un registro completo de entradas y salidas. Tampoco se acreditó que los trabajos no se realizarán, pero además la empresa reconocía que lo facturado coincidía con lo abonado. Además, existían varios niveles de validación interna en las facturas
Pero sobre todo el tribunal subraya que, aunque la forma de contratación con proveedores no fuera la más adecuada, se trataba de una irregularidad formal, no suficiente para justificar la sanción máxima.
La buena fe y el despido disciplinario
Uno de los aspectos centrales del caso es la interpretación del artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido por incumplimiento grave.
La Sala recuerda que para aplicar esta medida es necesario que exista un comportamiento grave y culpable. Y en este caso, concluye que:
“No se ha acreditado un incumplimiento contractual grave y culpable”, por lo que el despido no puede sostenerse jurídicamente.
También se tiene en cuenta que el trabajador tenía evaluaciones positivas y no constaban sanciones previas.
Por tanto, debe aplicarse la teoría gradualista y analizar este caso concreto para apreciar si la conducta es lo suficientemente grave para justificar el despido.
Elegir entre la readmisión o la indemnización
El resultado es la confirmación del despido improcedente, dando a elegir entre la reincorporación o la indemnización. En realidad es una decisión que ya tuvo que tomar con la primera sentencia. Ahora solo le queda o bien aceptar el resultado de la Justicia o acudir al Tribunal Supremo.
No se sabe si eligieron la indemnización o la readmisión que además de reincorporarlo a su puesto de trabajo también tiene que abonarle los salarios de tramitación. En estos casos muchas empresas optan por lo más ‘barato’ y a menudo eligen la readmisión si es más barato y sobre todo si tienen conocimiento de que el trabajador durante este proceso ha trabajado para otra empresa en ese tiempo o incluso si ya está trabajando.