Unidas Podemos presenta 12 enmiendas para mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital

La formación morada ve inadmisible que haya tan pocos beneficiarios.

La nueva ayuda para luchar contra la pobreza en España, el Ingreso Mínima Vital no está funcionando tan bien como el Gobierno esperaba, es que desde su puesta en marcha el pasado mes de junio de 2020, apenas lo están cobrando 160.000 familias.

Durante estos meses la ayuda vital ha sufrido varios cambios, tanto en lo que respecta a los requisitos como a los que afecta a los trámites, con el objetivo de mejorar su cobertura y que pueda llegar a muchas más familias.

Sin embargo, el IMV ha provocado diferencias entre el equipo del ministro José Luis Escrivá y la formación liderada por el vicepresidente segundo Pablo Iglesias.

Unidas Podemos presenta doce enmiendas para mejorar el Ingreso Mínimo Vital.

El pasado marte la formación morada presente una docena de enmiendas para mejorar y solventar las deficiencias presentes en esta renta mínima que tiene por el momento muy lejos el objetivo de alcanzar los 850.000 beneficiarios que se prometieron para finales de 2020.

¿Qué incluyen estas enmiendas?

Entre las enmiendas presentadas se incluyen  medidas para que todas aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad durante el propio ejercicio se incluyan entre los beneficiarios. También que no computen para el acceso al Ingreso Mínimo las ayudas por situación de dependencia, así como que tampoco cuente el cobro de otras prestaciones o subsidios por desempleo.

Así mismo solicitan reducir el requisito de unidad de convivencia independiente a dos años para las personas de menos de 30 años.

Una medida importante que ven prioritaria para evitar la exclusión de los colectivos que puedan estar en situación irregular, es eliminar la obligación de acreditar una residencia legal, continuada e ininterrumpida de al menos un año en España para aquellas personas solicitantes de protección internacional.

Para proteger a los menores, solicita asegurar el acceso al ingreso mínimo a las personas que han estado bajo la tutela del sistema público de protección de menores y deben abandonarlo por cumplir la mayoría de edad quedando desamparados, algo que ya alertó las ONG durante el verano.

 

 

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