La plataforma de reparto Glovo ha sido sancionada con 847.640 euros por emplear a 64 inmigrantes en situación administrativa irregular en Sevilla, en otras palabras, que no tenían papeles. La sanción fue impuesta por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, a través de su área de Extranjería, tras una exhaustiva investigación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS). Esta infracción ha sido calificada como “muy grave” según lo estipulado en la Ley de Extranjería (artículo 54.1.d de la Ley Orgánica 4/2000).
Repartidores sin contrato ni permisos
Los trabajadores sancionados, hombres y mujeres que realizaban entregas en bicicleta o moto, no contaban con contrato de trabajo ni cotizaban a la Seguridad Social. Además, se encontraban en situación irregular, sin los permisos legales para residir y trabajar en España. La ITSS pudo constatar este hecho mediante entrevistas personales y la aplicación Adextra, que verificó la ausencia de documentación en regla para todos los implicados.
Una sanción dividida en dos expedientes
La actuación inspectora se desarrolló entre diciembre de 2021 y el 31 de julio de 2024. Como resultado, se levantaron dos actas de infracción. Una por 20 trabajadores, que conllevó una sanción de 210.649 euros, y otra por 44 trabajadores, con una multa de 636.990 euros. La suma total incluye tanto las multas económicas (a razón de 10.001 euros por trabajador en su grado mínimo) como las liquidaciones con la Seguridad Social pendientes.
Glovo y su historial de sanciones
Este nuevo expediente se suma a un largo historial de sanciones acumuladas por Glovo por su modelo de negocio basado en falsos autónomos. A pesar de la entrada en vigor de la Ley Rider en 2021, que obligaba a regularizar la relación laboral con los repartidores, Glovo ha continuado recurriendo a esta fórmula, eludiendo sus responsabilidades legales en materia de contratación y cotización.
La empresa ya ha sido sancionada anteriormente por contratar irregularmente a más de 39.000 repartidores en toda España, sin darlos de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, pese a que su actividad se realizaba bajo la dirección y organización de la compañía, lo que prueba una relación laboral directa.
Vulnerabilidad multiplicada
Lo que hace especialmente grave este caso en Sevilla es la doble vulnerabilidad de los trabajadores. Por un lado, se trataba de falsos autónomos y, por otro, carecían de la autorización para trabajar en España. Esta combinación sitúa a los afectados en una situación extrema de precariedad, dependientes de una actividad que no solo no les ofrece garantías legales, sino que los deja completamente desprotegidos.