El Gobierno de Giorgia Meloni decidió en 2023 poner fin a la renta de ciudadanía, una prestación que ayudaba a más de un millón de hogares italianos a cubrir sus gastos básicos. Esta ayuda sería el equivalente al Ingreso Mínimo Vital en España.
La medida provocó protestas en el sur del país, donde muchas familias dependían de ese dinero para llegar a fin de mes. Tres años después, Italia registra cifras históricas de empleo y una de las tasas de paro más bajas de las últimas décadas, aunque la retirada de la ayuda también ha tenido consecuencias económicas para los hogares con menos recursos.
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística italiano (Istat), el país tenía 24,33 millones de trabajadores ocupados en septiembre de 2026, casi 200.000 más que un año antes, mientras que la tasa de desempleo se situaba en el 6,3%. La mejora del mercado laboral ha sido especialmente llamativa en el sur de Italia, una zona que durante décadas ha sufrido la falta de oportunidades y una fuerte dependencia de las ayudas públicas.
La reforma también dejó una cifra difícil de pasar por alto y es que el propio Istat calculó que unas 850.000 familias salieron perjudicadas por el nuevo sistema de prestaciones, con una pérdida media de 2.600 euros anuales. El impacto afectó principalmente a los hogares más pobres, precisamente aquellos que tenían mayores dificultades para encontrar trabajo y que más podían necesitar esta ayuda.
Meloni retiró la renta de ciudadanía y miles de familias se quedaron sin la ayuda
La renta de ciudadanía, conocida en Italia como Reddito di cittadinanza, había entrado en vigor en 2019 con el objetivo de garantizar unos ingresos mínimos a las familias con pocos recursos. También buscaba facilitar que las personas desempleadas encontraran trabajo, aunque los programas de inserción laboral no consiguieron los resultados esperados. En España el IMV ha ido añadiendo nuevos incentivos para que las personas que cobren esta ayuda encuentren un empleo, una de las últimas la mejora de la compatibilidad de la prestación con el trabajo, para evitar que se rechacen ofertas de trabajo.
En el caso de Italia, Meloni decidió cambiar este modelo y comenzó a limitar la prestación durante 2023, hasta que la antigua renta desapareció definitivamente a finales de ese año y, desde enero de 2024, fue sustituida por otro sistema. La nueva prestación diferencia entre los hogares con mayores dificultades para trabajar y los adultos que pueden incorporarse al mercado laboral.
De modo que las familias con menores, personas con discapacidad, mayores de 60 años o integrantes en determinadas situaciones de vulnerabilidad podían acceder al nuevo Assegno di inclusione, mientras que para otros adultos se creó una ayuda vinculada a la formación y la búsqueda activa de empleo. De esta manera, el Gobierno italiano pasó de una prestación más amplia a un sistema con condiciones de acceso más estrictas.
En ciudades como Nápoles, numerosas familias salieron a la calle para protestar contra la retirada de una ayuda que, en muchos casos, representaba una parte fundamental de sus ingresos. Los afectados denunciaban que perder la prestación no les garantizaba encontrar un trabajo, especialmente en territorios donde las oportunidades laborales seguían siendo escasas.
El alcance económico de la reforma quedó reflejado en un informe oficial del Istat sobre los ingresos de las familias italianas. El organismo estimó que 850.000 hogares salieron perjudicados por el nuevo sistema, con una pérdida media de unos 217 euros al mes. En tres de cada cuatro casos, las familias dejaron de tener derecho a la prestación, mientras que el resto recibió menos dinero por los cambios introducidos en su cálculo.
El desempleo cae en Italia y el sur registra una recuperación histórica
Mientras se aplicaban los cambios en las ayudas sociales, el mercado laboral italiano continuó creciendo y durante el segundo trimestre de 2026, el país alcanzó los 24,36 millones de ocupados, con 155.000 trabajadores más que en los tres meses anteriores. La tasa de empleo llegó al 63,4%, en niveles históricamente elevados.
Los datos más recientes muestran que esa mejora se ha mantenido en buena parte y según la estadística de empleo publicada por el Istat el 29 de octubre, Italia contaba en septiembre con 24,33 millones de ocupados, un 0,8% más que un año antes. El paro permanecía en el 6,3%, aunque había aumentado respecto a los niveles más bajos registrados durante el verano.
Una de las mayores transformaciones se está produciendo en el Mezzogiorno, el sur de Italia, donde regiones como Sicilia, Campania o Calabria han arrastrado durante décadas tasas de desempleo muy superiores a las del norte.
La tasa de empleo del sur de Italia ha mejorado casi seis puntos porcentuales desde 2020, según los datos de Eurostat. En Sicilia, por ejemplo, pasó del 44,4% al 51,4%, mientras que el conjunto del Mezzogiorno alcanzó una tasa de ocupación del 54,2%. La recuperación ha sido especialmente notable en una de las zonas con mayores problemas de desempleo del país.
La mejora del mercado laboral también se ha reflejado en la economía. Según los datos de Svimez, el PIB del sur italiano creció un 8,5% entre 2021 y 2024, frente al 5,8% del centro y norte del país. Durante ese periodo se crearon cerca de 500.000 puestos de trabajo, impulsados por la construcción, el turismo, la industria y las inversiones financiadas con fondos europeos.
La retirada de la ayuda coincidió con la creación de empleo
La mejora del empleo se ha producido durante los mismos años en los que Italia ha endurecido el acceso a las ayudas sociales y parte de los antiguos beneficiarios de la renta de ciudadanía se ha incorporado al mercado laboral, aunque los datos disponibles no permiten calcular cuántos encontraron trabajo directamente por la reforma.
De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de la Seguridad Social italiano (INPS) recogidas en el documento analizado, el 26% de los hogares que recibían la antigua prestación en julio de 2023 tuvo al menos un integrante que encontró empleo durante 2024.
La evolución del mercado laboral también está relacionada con la llegada de inversiones y la recuperación de actividades económicas que generan miles de empleos. La construcción, el turismo y los proyectos financiados por el Plan de Recuperación europeo han tenido un papel importante en el crecimiento del sur, donde la falta de empresas y oportunidades había frenado durante años la incorporación de nuevos trabajadores.
El Gobierno italiano defendió la reforma como una forma de favorecer la búsqueda de empleo y reservar la protección económica para las familias con mayores dificultades. Los resultados laborales posteriores muestran una mejora de la ocupación, pero no permiten atribuir la caída del paro exclusivamente a la eliminación de la renta de ciudadanía.