El economista Gonzalo Bernardos prefiere retrasar la edad de jubilación antes que aumentar las cotizaciones sociales de los trabajadores para mejorar la financiación de las pensiones públicas. Considera que el sistema español es viable, aunque advierte de que serán necesarios ajustes que no gustarán a quienes todavía trabajan ni a quienes ya cobran una pensión.
Durante su intervención en el programa Más Vale Tarde, de laSexta, Bernardos explicó que existen varias alternativas para reducir el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema. «Es absolutamente viable, lo único que hay que hacer es algunos ajustes, ajustes que a trabajadores o a jubilados no les gustará», afirmó antes de exponer tres posibles medidas, de las que únicamente se mostró favorable a retrasar la jubilación.
Bernardos rechaza subir las cotizaciones porque los trabajadores cobrarían menos
Una de las alternativas que mencionó fue aumentar las cotizaciones sociales, una medida que permitiría incrementar los ingresos de la Seguridad Social, pero que también podría afectar directamente al salario de los empleados. Bernardos se mostró contrario a esta posibilidad porque, según explicó, «supondría que los trabajadores cobran menos», al tener que destinar una parte mayor de su sueldo a financiar el sistema.
En realidad esta medida ya la aplicó el Gobierno de España con la implementación del MEI (mecanismo de Equidad Intergeneracional) que irá aumentando progresivamente cada año y que a partir de enero de 2027, provocará una nueva bajada en el salario neto de los trabajadores. Una bajada ‘irrisoria’ pero que a fin de cuentas es dinero del trabajador.
Bernardos considera preferible prolongar la vida laboral, de manera que los trabajadores sigan cotizando durante más años y comiencen a cobrar su pensión más tarde. Otra medida que también adoptó España y que culminará también en 2027, cuando se establezca la edad de jubilación ordinaria a los 67 años después de haber ido aumentando progresivamente en los últimos años.
Sin embargo, retrasar la jubilación también tendría consecuencias para quienes llegan a los últimos años de su carrera laboral después de desempeñar trabajos físicamente exigentes o tras perder su empleo. Una situación que refleja el caso de Santiago, que había cotizado 44 años cuando terminó jubilándose anticipadamente con una penalización del 24%, después de ser despedido a los 59 años y agotar la prestación por desempleo.
La tercera posibilidad que mencionó Bernardos fue reducir las pensiones de los jubilados, una opción que también rechazó. De las tres medidas expuestas, retrasar la edad de jubilación es la única que cuenta con su respaldo, al considerar que permitiría mejorar las cuentas sin recortar directamente las prestaciones actuales ni aumentar las aportaciones de los empleados.
El gasto en pensiones alcanza los 14.540 millones de euros en octubre
Bernardos justificó la necesidad de introducir cambios por la diferencia entre los ingresos y los gastos del sistema. Durante su intervención aseguró que el déficit de las pensiones supera los 70.000 millones de euros, aunque no precisó qué partidas había incluido en ese cálculo, por lo que la cifra debe entenderse como parte de su análisis económico.
Los últimos datos publicados por la Seguridad Social permiten conocer cuánto dinero se destina al pago de estas prestaciones. Según la información oficial sobre la nómina de pensiones de octubre de 2026, el gasto mensual alcanzó los 14.539,9 millones de euros, un 6,3% más que un año antes. De esa cantidad, alrededor de 10.692 millones se destinaron al pago de las pensiones de jubilación.
La pensión media de jubilación se situó en 1.577,60 euros mensuales, con un incremento cercano al 4,5% respecto al mismo mes del año anterior. El aumento del número de pensionistas y la incorporación de nuevas prestaciones de mayor cuantía influyen en la evolución del gasto, aunque la nómina mensual no permite calcular por sí sola el déficit al que se refirió Bernardos.
Los otros dos cambios que preocupan a Gonzalo Bernardos
Durante su intervención, Bernardos también advirtió de dos posibles modificaciones del modelo público de pensiones que, a su juicio, podrían perjudicar a los jubilados. La primera sería establecer un sistema en el que la prestación dependiera únicamente de las aportaciones realizadas por cada trabajador a lo largo de su vida laboral, una fórmula que relacionó con el modelo sueco y que, según explicó, podría provocar una reducción de las cuantías.
En España, la pensión ya depende en buena medida de los años trabajados y de las bases por las que se ha cotizado, aunque existen límites máximos, complementos y otros mecanismos de protección. De hecho, cotizar por la base máxima no siempre se traduce en una pensión proporcionalmente más elevada, especialmente cuando se alcanza el importe máximo establecido por la normativa.
El segundo riesgo que señaló sería destinar una parte de las cotizaciones sociales a entidades financieras o gestoras de fondos de pensiones para que invirtieran ese dinero en bolsa, en lugar de ingresarlo íntegramente en la Administración pública. Bernardos advirtió de las consecuencias que podría tener vincular parte de los recursos destinados a las pensiones a la evolución de los mercados financieros.
Pese a las dificultades económicas que identifica, el economista defendió el actual modelo español durante su intervención en Más Vale Tarde. «Es un orgullo nuestro sistema de pensiones, pero sí que hay que hacer algún ajuste», afirmó, dejando clara su preferencia por prolongar la vida laboral frente a las otras medidas que había expuesto.

