Los sindicatos han registrado este lunes 19 de octubre en el Ministerio de Trabajo la huelga general del próximo 11 de noviembre, una convocatoria de 24 horas con la que reclaman subidas salariales y medidas para facilitar el acceso a la vivienda. El registro se ha producido en una jornada marcada por las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien ha anunciado que la patronal impugnará la huelga por considerarla «electoral».
La convocatoria ha sido formalizada por CCOO, UGT, CGT, CNT, la Unión de Actores y Actrices y otras organizaciones sindicales, que han acudido al Ministerio acompañadas por representantes del Sindicato de Inquilinas. La protesta llega en plena crisis de acceso a la vivienda y apenas dos días antes del comienzo de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, una coincidencia que la patronal utiliza para poner en duda los reales motivos del paro.
La CEOE anuncia que impugnará la huelga general por sus motivos políticos
El presidente de la CEOE ha realizado el anuncio durante la clausura de los XXV Premios ATA, donde ha criticado que las reivindicaciones relacionadas con la vivienda se trasladen a una huelga que afectará a las empresas y a sus trabajadores. «Se ha trufado de temas laborales para intentar que sea legal, pero consideramos que no lo es», ha afirmado Garamendi.
El dirigente empresarial ha insistido en el carácter electoral de la movilización y ha pedido que se respete el derecho de quienes decidan acudir a sus puestos de trabajo. También ha reclamado que «no se incendien las calles», en referencia al ambiente político previo a las elecciones.
Las críticas de la patronal comenzaron cuando se anunció la convocatoria con un comunicado conjunto publicado el 6 de octubre, CEOE y Cepyme ya habían rechazado que las empresas tuvieran que asumir las consecuencias de una movilización centrada, a su juicio, en decisiones sobre vivienda que corresponden a las administraciones públicas.
La patronal también había advertido de que las empresas y sus trabajadores podían acabar siendo utilizados para influir en las elecciones. Con el registro oficial de la convocatoria, Garamendi ha pasado de poner en duda su legalidad a anunciar que la impugnará.
Los sindicatos defienden la huelga y reclaman subidas salariales de hasta el 7%
Frente a las críticas de los empresarios, los sindicatos han defendido que la protesta responde a problemas que afectan directamente a los trabajadores. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha rechazado que se trate de una movilización partidista y ha recordado que las huelgas generales también sirven para reclamar cambios en las políticas públicas.
«Todas las huelgas generales son políticas, pero no quiere decir que esta sea partidista», ha señalado Sordo ante los medios tras registrar la convocatoria. El dirigente sindical ha explicado que las reclamaciones van dirigidas al conjunto de las administraciones, especialmente a aquellas que se han opuesto a medidas para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible.
Entre las principales exigencias de CCOO y UGT figura una subida general de los salarios de entre el 4% y el 7%, junto con un incremento de al menos el 7% del salario mínimo interprofesional (SMI). Las organizaciones consideran que los sueldos actuales no permiten afrontar los gastos de vivienda de una parte importante de los trabajadores.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha resumido esta situación al afirmar que «no hay salario ni convenio que pueda permitirnos acceder a una vivienda». También ha pedido a la patronal que vuelva a sentarse a negociar los convenios sectoriales, en un momento en el que CCOO y UGT vienen preparando movilizaciones para reclamar mejores salarios y desbloquear la negociación colectiva.
La huelga también cuenta con el apoyo de organizaciones vinculadas a la defensa de la vivienda. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Valeria Racu, ha celebrado la convocatoria como un «hito histórico» y ha anunciado la creación de TOKA, una herramienta para organizar las movilizaciones, las pegadas de carteles y los piquetes informativos del 11 de noviembre.
La convocatoria, sin embargo, no reúne a todas las organizaciones sindicales, ya que CSIF y USO entro otros sindicatos han decidido no secundar el paro, mientras que CCOO, UGT y los demás sindicatos convocantes mantienen su llamamiento a la participación.
La legalidad de la huelga general del 11 de noviembre
El anuncio de la CEOE sitúa el foco en los motivos de la convocatoria y en su relación con los intereses de los trabajadores. La patronal considera que las reclamaciones están dirigidas principalmente a las administraciones, mientras que los sindicatos defienden que los salarios y el acceso a la vivienda forman parte de sus reivindicaciones laborales.
El artículo 11 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, establece los supuestos en los que una huelga puede ser ilegal, entre ellos cuando se inicia o mantiene por motivos políticos o con finalidades ajenas al interés profesional de los trabajadores afectados. La aplicación de esta norma dependerá de los motivos recogidos en la convocatoria y de su valoración judicial si finalmente se presenta la impugnación.
La huelga está prevista para el miércoles 11 de noviembre y tendrá una duración de 24 horas y los trabajadores que decidan secundarla dejarán de percibir la remuneración correspondiente al tiempo de paro, una consecuencia que puede afectar a diferentes conceptos salariales. El importe dependerá de cada nómina, ya que el descuento salarial por participar en una huelga se calcula teniendo en cuenta la retribución del trabajador.