Abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales mutualistas están llamados a manifestarse este sábado 17 de octubre en Madrid para exigir al Gobierno que apruebe una pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sin recortes en sus futuras pensiones. La movilización llega casi tres meses después de la aprobación de la ley que permite trasladar sus aportaciones a la Seguridad Social, pero cuyo reglamento sigue pendiente. Los afectados temen que las condiciones que establezca el Gobierno reduzcan los derechos que esperan obtener después de décadas de aportaciones a sus mutualidades.
La protesta, convocada bajo el lema «Escucha a los afectados, ministra. Reglamento sin recortes», comenzará a las 11:15 horas frente al Consejo General de Procuradores, en la calle Serrano Anguita. A las 12:00 horas arrancará una marcha que pasará por la sede del Consejo General de la Abogacía Española y finalizará ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en la calle Jorge Juan. Los convocantes reclaman una reunión con la ministra Elma Saiz y con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, para participar directamente en la elaboración de las normas que decidirán cómo será su jubilación.
Los mutualistas temen perder parte de sus aportaciones al pasar al RETA
Detrás de esta protesta están profesionales que durante buena parte de su vida laboral han realizado sus aportaciones a mutualidades alternativas en lugar de cotizar como autónomos a la Seguridad Social. Es el caso de numerosos abogados, procuradores y arquitectos que han utilizado este sistema para ahorrar de cara a su jubilación. El problema llega cuando se acercan a la edad de retirarse y descubren que, después de décadas aportando, las prestaciones que les corresponden son muy inferiores a las pensiones que esperaban recibir.
Para dar una salida a esta situación, las Cortes aprobaron la Ley 2/2026, de 29 de julio, que permite a determinados mutualistas trasladar los derechos económicos acumulados a la Seguridad Social y convertirlos en periodos cotizados dentro del RETA. La medida abrió una vía para acceder al sistema público de pensiones, aunque todavía falta conocer cómo se aplicará en la práctica.
Las plataformas de afectados quieren garantías de que las aportaciones realizadas durante años cuenten al calcular sus futuras pensiones. También reclaman claridad sobre el tratamiento del capital acumulado y sobre la posibilidad de acceder a los complementos destinados a elevar las pensiones más bajas. Para quienes están cerca de jubilarse, estas condiciones pueden marcar la diferencia entre recibir una prestación suficiente o tener que afrontar su retirada con ingresos muy reducidos.
Los consejos generales de la Abogacía, la Procura, la Arquitectura y la Arquitectura Técnica calculan que más de 150.000 profesionales están afectados. Las plataformas llevan más de tres años movilizándose para conseguir una solución y ahora quieren participar en las conversaciones con el Ministerio, al que reprochan haber dado prioridad a los representantes de los colegios profesionales sin escuchar directamente a quienes reclaman el traslado.
La ley está aprobada, pero el Gobierno todavía tiene que fijar las condiciones
La pasarela al RETA será voluntaria y permitirá a los profesionales que cumplan los requisitos solicitar el traslado de sus derechos económicos desde la mutualidad a la Seguridad Social. Una vez realizado, el cambio será irreversible para la actividad profesional correspondiente. La ley también deja fuera, con carácter general, a quienes ya reciben una pensión pública o de su mutualidad, salvo en el caso de las pensiones de viudedad.
Los afectados dispondrán de un año para solicitar el traslado desde la entrada en vigor del reglamento. Por eso, conocer sus condiciones resulta fundamental antes de tomar una decisión que afectará directamente a los años cotizados que se les reconozcan y a la pensión que puedan cobrar cuando se jubilen.
La presión sobre el Gobierno ha aumentado ante la proximidad del plazo de tres meses que la ley estableció para aprobar el reglamento. A esta situación se suma la convocatoria de elecciones generales, que ha despertado el temor de los mutualistas a que la aprobación de las normas quede pendiente del próximo Ejecutivo.
En la víspera de la manifestación, los consejos generales de la Abogacía, la Procura, la Arquitectura y la Arquitectura Técnica pidieron a la ministra Elma Saiz que acelerase la tramitación, después de que Seguridad Social anunciara su intención de tramitar el reglamento por la vía de urgencia. Las organizaciones señalaron el Consejo de Ministros del martes 20 de octubre como una oportunidad para avanzar en su aprobación, aunque por ahora no hay confirmación de que vaya a recibir luz verde ese día.
Después de más de tres años de movilizaciones, los mutualistas vuelven a las calles de Madrid con una reclamación que afecta directamente a su futuro económico. La ley que permite pasar al RETA ya existe, pero siguen esperando las condiciones que determinarán cuántos años de cotización se les reconocerán y qué pensión podrán cobrar después de toda una vida de trabajo.