martes 7 febrero 2023

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Los empresarios que incumplan reiteradamente la legislación laboral podrían enfrentarse a penas de hasta 6 años de prisión

El gobierno cambiará la ley para castigar con más dureza los incumplimientos reiterados de la legislación laboral

El Gobierno quiere reformar el Código penal, concretamente el artículo 311, y así poder actuar contra las empresas que incumplan reiteradamente la legislación laboral. Unidas Podemos y PSOE presentaron una enmienda el pasado viernes para llevar a cabo esta reforma cuyo objetivo es evitar situaciones en las que a los empresarios les sale más a cuenta pagar la multa y seguir incumpliendo con la legislación laboral que cumplir con la legalidad.

Uno de los principales objetivos sigue siendo los falsos autónomos, que a pesar de la entrada en vigor de la Ley Rider, las empresas aún siguen contratando bajo esta modalidad a pesar de las sanciones.

Uno de los casos más sonado ha sido la multa a Glovo por sus falsos autónomos,  trabajadores que la Inspección de Trabajo ha convertido en asalariados, además de imponerle una sanción de 79 millones de euros. A pesar de esta sanción, sigue operando con repartidores autónomos.

glovo ley rider

Reforma de artículo 311 del Código Penal

El artículo 311 del Código Penal establece penas de prisión de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses a quienes, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.

Igualmente, serán sancionados quienes contraten sin permiso de trabajo o sin comunicar su alta en la Seguridad Social a un determinado número de trabajadores según el tamaño de la empresa.

La enmienda presentada en el Congreso añade que estas mismas penas se impondrán a quienes impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa.

Es decir, quienes firmen un contrato mercantil ilegal para contratar un falso autónomo o «contratos» de voluntariado cuyo salario camuflan como gratificaciones, ya no solo se enfrentan a sanciones administrativas, en el caso de proseguir con manteniendo esas condiciones ilegales a sus trabajadores podrían terminar en la cárcel.

 

 

 

 

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