El Ministerio de Trabajo llevará este martes al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley con el que pretende reforzar la protección de los trabajadores que denuncien casos de corrupción o cualquier otra infracción normativa en sus empresas. La reforma propone modificar el Estatuto de los Trabajadores para que los despidos motivados por estas denuncias sean declarados nulos, una medida con la que el Gobierno quiere evitar represalias contra quienes informen de prácticas ilegales.
El texto iniciará previsiblemente este martes su tramitación como anteproyecto de ley. Si recibe el visto bueno del Consejo de Ministros, continuará su recorrido parlamentario antes de poder entrar en vigor. El objetivo de Trabajo es incorporar estas garantías directamente al Estatuto de los Trabajadores para reforzar una protección que ya recoge la Ley 2/2023 de protección de los informantes, pero que el Ministerio considera insuficiente en el ámbito laboral.
El despido nulo obligaría a readmitir al trabajador
Actualmente, un trabajador está protegido por la garantía de indemnidad, un derecho laboral que protege a los trabajadores contra las represalias por parte de su empresa por ejercer sus derechos laborales. Por ejemplo, un trabajador que se negara a hacer horas extras.
Desde el ministerio dirigido por Yolanda Díaz se busca ampliar esa protección frente a despidos relacionados con una denuncia de corrupción o de otra infracción normativa. Si la norma se aprueba, un trabajador despedido como represalia por esta denuncia sería declarado nulo. A diferencia de un despido improcedente, esta calificación obligaría a la empresa a readmitir al empleado y a abonarle los salarios de tramitación.
La protección no se limitaría a los despidos disciplinarios. También alcanzaría a los despidos por causas objetivas cuando se utilicen como represalia, así como a otras decisiones empresariales que puedan perjudicar al trabajador después de haber comunicado una posible irregularidad.
No solo se protegería frente al despido
El anteproyecto pretende impedir que las empresas recurran a otras medidas para castigar al empleado denunciante. Por ello, la protección también se extendería a traslados, cambios de puesto, reducciones salariales o modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando exista una relación entre esas decisiones y la denuncia presentada.
Además, Trabajo quiere evitar que estas actuaciones puedan justificarse alegando una supuesta pérdida de confianza o un incumplimiento del deber de confidencialidad. Según el planteamiento del Ministerio, informar sobre posibles conductas ilícitas no podrá considerarse, por sí solo, una deslealtad hacia la empresa.
También afectaría al periodo de prueba
La reforma también introduce cambios para quienes todavía no han superado el periodo de prueba. En estos casos, la extinción del contrato también podría ser declarada nula si se demuestra que responde a una represalia por haber denunciado una práctica irregular.
La protección alcanzaría a cualquier trabajador que actúe de buena fe y comunique una sospecha razonable de corrupción o de otra infracción normativa. Esa comunicación podrá realizarse a través del canal interno de la empresa, ante las autoridades competentes, en los tribunales o incluso mediante los medios de comunicación, siempre que exista relación entre la denuncia y la medida adoptada posteriormente por la empresa.
La protección también se ampliaría a familiares
Otra de las novedades del texto es que determinadas personas del entorno familiar del denunciante también podrían quedar protegidas frente a posibles represalias. Con ello se pretende evitar que la presión empresarial se ejerza sobre allegados del trabajador como forma indirecta de castigo.
El Ministerio de Trabajo sostiene que esta reforma permitirá ofrecer una mayor seguridad jurídica a quienes decidan denunciar prácticas irregulares en sus centros de trabajo y evitará que los tribunales tengan que interpretar caso por caso si un despido constituye o no una represalia. Si el Consejo de Ministros da este martes el visto bueno al anteproyecto, la norma iniciará su tramitación parlamentaria antes de llegar al Congreso de los Diputados.