El Gobierno gasta 7,6 millones en personal subcontratado para agilizar el IMV y estos no pueden validar las solicitudes

El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá hace unas semanas reconocía la elevada carga de trabajo a la que estaba sometida la plantilla de la Seguridad Social debido a la alta demanda de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital.

El ministro anunciaba que el Gobierno pronto pondría solución  ante las numerosas quejas de los sindicados tras el colapso de sus oficinas ante la falta de personal.

En total se reforzarán con 550 nuevas plazas para el Cuerpo de Administrativos de la Seguridad Social con un coste de 7,6 millones de euros por los cuatro meses que estarán contratados mediante la empresa pública Tragsa.

Los 550 puestos quedarían repartidos de esta manera:

  • 500 puestos en régimen de teletrabajo que ayudarán en la tramitación de los expedientes, es decir, capturarán la solicitud, comprobarán toda la documentación y en el caso de que hubiera algún error o faltara documentación, se pondrían en contacto con el solicitante para que solucionase el error o aporte la documentación que falta, esto le cuesta al gobierno 6,13 millones.
  • 50 puestos para la asistencia telefónica que ofrece la seguridad social para resolver las dudas que los interesados en solicitar esta nueva prestación puedan tener, estos 50 puestos tendrán un coste de 1,47 millones de euros.

No es la primera vez que el Gobierno «tira» de Tragasa para reforzarse en situaciones de gran carga de trabajo, ya lo hizo en 2013 para reforzar el Fondo de Garantía Salarial.

Los sindicatos están mostrando su disconformidad con estas contrataciones por el coste que supone y no pueden finalizar la tramitación solo verificar la documentación que finalmente deberá ser un empleado público quien pueda cruzar las distintas bases de datos para comprobar la documentación y aprobar o denegar una solicitud.

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