Una trabajadora que llevaba 18 años en una aseguradora fue despedida después de que la empresa descubriera que había enviado documentación interna a su marido, quien precisamente había trabajado en la aseguradora hasta que se marchó y comenzó a trabajar en la competencia. La aseguradora sospechaba que estaba facilitándole información confidencial y decidió investigar sus correos electrónicos y el ordenador que utilizaba para trabajar.
Sin embargo, el modo de proceder esa investigación terminó provocando que la Justicia declarase nulo el despido, obligando a la empresa a readmitirla, pagarle los salarios de tramitación y abonarle 7.501 euros de indemnización.
El caso ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha considerado que la empresa vulneró la intimidad y el secreto de las comunicaciones de la empleada al investigar sus dispositivos informáticos sin respetar las garantías necesarias.
Su marido dejó la aseguradora y comenzó a trabajar para la competencia
La trabajadora había comenzado a trabajar en para esta aseguradora el 21 de mayo de 2007 y ocupaba un puesto de analista de estrategia y desarrollo de negocio, con un salario anual de 54.271 euros. Su trabajo consistía en participar en proyectos de distintas áreas de la compañía, preparar informes, analizar oportunidades de negocio y colaborar con otros departamentos.
Su marido también había trabajado para el grupo asegurador, donde ocupaba un puesto de responsabilidad comercial. Sin embargo, su relación laboral se fue deteriorando hasta que, el 9 de julio de 2024, ambas partes acordaron poner fin al contrato mediante una extinción indemnizada.
Dos meses después, el 1 de septiembre de 2024, el marido comenzó a trabajar en otra aseguradora que competía directamente con su antigua empresa. Inicialmente, ocupó el puesto de director de sucursal, pero el 1 de mayo de 2025 fue ascendido a director del canal de agentes, un cargo de ámbito nacional. Curiosamente por esas mismas fechas, otras tres trabajadoras también se marcharon de la aseguradora de la trabajadora rumbo a la aseguradora donde ahora trabajaba su marido.
La situación comenzó a complicarse para la empleada el 13 de mayo de 2025, cuando una reunión entre los responsables de auditoría interna y la dirección de estrategia y desarrollo puso de manifiesto que estaba accediendo a información comercial que, a juicio de la empresa, no necesitaba para desempeñar sus funciones.
La empresa investigó sus correos y encontró una carpeta con el nombre de su marido
La auditoría identificó 145 accesos a informes comerciales y de negocio realizados entre el 10 de abril y el 27 de mayo de 2025. Entre los documentos consultados había información sobre productos, actividad comercial y gestión de la aseguradora.
Los investigadores también detectaron que el sábado 10 de mayo se habían transferido 21 documentos a una memoria USB desde el ordenador de la trabajadora. La empresa consideró sospechosos estos movimientos y decidió ampliar las comprobaciones para averiguar si aquella documentación había llegado a otras personas.
Fue entonces cuando se solicitaron los correos electrónicos corporativos de la empleada y en esa revisión aparecieron tres comunicaciones enviadas a su marido en marzo de 2023, abril de 2024 y marzo de 2025. En la primera se había remitido información de 5.003 agentes de la red de Seguros Bilbao. Otra contenía documentación de ICEA, una entidad dedicada a la investigación y formación del sector asegurador.
El tercer correo, enviado cuando su marido ya trabajaba en la otra aseguradora, incluía una guía sobre seguros multirriesgo industriales. Para la aseguradora, este último documento tenía un contenido especialmente delicado porque recogía criterios utilizados por el grupo para valorar determinados sectores y actividades a la hora de contratar seguros.
La investigación continuó el 3 de junio de 2025, cuando la trabajadora entregó el ordenador portátil corporativo después de que la empresa le abriera un expediente disciplinario. Al examinar el equipo, los responsables encontraron en el escritorio una carpeta con el nombre de pila de su marido, creada el 10 de mayo, que contenía archivos relacionados con planes de expansión, formación comercial y captación de profesionales. La compañía entendió que los accesos, las descargas y los correos electrónicos apuntaban a una posible utilización de información confidencial para favorecer a su marido en la competencia.
La trabajadora rechazó las acusaciones y puso en duda la legalidad de la investigación realizada por la empresa. Explicó que sus funciones eran transversales y que necesitaba consultar documentación de diferentes departamentos. También señaló que los sistemas de la empresa ya restringían el acceso a los archivos para los que cada empleado no tenía autorización. Respecto a las descargas, defendió que el uso de memorias USB era habitual dentro de la compañía y negó haberse apropiado de información confidencial con la intención de entregársela a la competencia.
En sus alegaciones también relacionó la investigación con la salida de su marido de la aseguradora y su posterior ascenso en la competencia. Consideraba que estaba siendo perjudicada por su vínculo familiar con un antiguo empleado que ahora ocupaba un puesto directivo en una empresa rival.
La aseguradora no aceptó sus explicaciones y el 23 de junio de 2025 le comunicó el despido disciplinario. En la carta le reprochaba haber accedido a documentación fuera de sus funciones, haber enviado información a su marido y haber guardado archivos comerciales en una carpeta identificada con su nombre. La empresa consideraba que estas actuaciones vulneraban sus normas internas de confidencialidad y suponían una pérdida de confianza incompatible con la continuidad de la relación laboral.
La Justicia declara nulo el despido por la forma en que investigaron su ordenador y sus correos
La trabajadora decidió impugnar el despido y en su demanda alegaba que la empresa había vulnerado sus derechos fundamentales. Concretamente, su derecho a no ser discriminada por razón de parentesco y vulneración del secreto de las comunicaciones de la intimidad.
El Juzgado de lo Social de Bilbao que le dio la razón y declaró el despido nulo al apreciar una vulneración de sus derechos fundamentales, tanto por la investigación de sus comunicaciones como por la discriminación relacionada con su marido. Además de la obligación de reincorporar a la trabajadora, también condenó a la aseguradora a indemnizarla con 15.000 euros por daños morales.
La empresa recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y en su sentencia 2111/2026 (STSJ PV 3209/2026) mantuvo la nulidad del despido, aunque si rebajó la indemnización y descarto que existiera discriminación por parentesco. Para los magistrados, el problema estuvo en la manera en que la aseguradora llevó a cabo la investigación informática. La compañía podía controlar el uso de sus equipos de trabajo, pero debía respetar el derecho a la intimidad de la empleada y establecer límites claros sobre la información que podía examinar.
En este caso, el acceso al ordenador y a los correos se realizó sin una delimitación suficiente de los contenidos que podían revisarse y sin las garantías necesarias. La investigación permitió examinar archivos y comunicaciones de una forma que el tribunal considera desproporcionada. La diferencia está en las garantías con las que se realiza cada investigación. En otro caso judicial, la Justicia sí avaló la revisión del ordenador de un informático que utilizaba su jornada para realizar trabajos ajenos a la empresa, al considerar que aquel control no había vulnerado su intimidad.
En el caso de la aseguradora, el tribunal considera que las pruebas obtenidas mediante el examen informático no podían utilizarse válidamente para justificar el despido. La investigación vulneró la intimidad y el secreto de las comunicaciones de la trabajadora, por lo que se mantiene la nulidad, aunque con una reducción de la indemnización por daños morales hasta los 7.501 euros.