El próximo martes 7 de octubre de 2025 miles de funcionarios interinos y trabajadores temporales del sector público se concentrarán frente al Congreso de los Diputados. Reclaman la aprobación de una ley que garantice la fijeza de quienes han sufrido abuso de temporalidad en sus contratos.
La manifestación busca dar visibilidad a un problema que arrastra la Administración desde hace años, el encadenamiento de contratos temporales sin convocatorias públicas que permitan consolidar las plazas.
Una movilización masiva en defensa de derechos vulnerados
La protesta se celebrará entre las 11:00 y las 15:00 horas y ha sido organizada por diversas plataformas de personal interino y temporal de distintos sectores de la función pública, con el respaldo de sindicatos como la CGT.
El objetivo es presionar al Gobierno y al Parlamento para que adopten medidas legislativas que pongan fin a la precariedad estructural. En muchos casos los afectados acumulan más de dos años en el mismo puesto sin proceso selectivo, lo que contraviene el espíritu de la normativa europea.
Reclaman una ley que reconozca la fijeza ante el abuso
Los manifestantes exigen la tramitación urgente de una ley que reconozca la fijeza en los casos de abuso de temporalidad. Piden que la futura Ley de Función Pública incluya una solución justa para los actuales empleados en situación de abuso y para quienes fueron cesados tras décadas de servicio.
Como se analizó en EmpleoJob, algunas resoluciones ya avanzan en esa dirección, como la sentencia que concede fijeza e indemnización por abuso de temporalidad.
El contexto europeo y las sentencias del TJUE
La protesta llega en un momento clave marcado por dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictadas en 2024. Ambas instan a España a sancionar adecuadamente el uso abusivo de contratos temporales en el sector público, de acuerdo con la Directiva 1999/70/CE.
Los colectivos denuncian el incumplimiento sistemático de estas decisiones. El Tribunal Supremo ha reiterado que la conversión automática en fijos podría vulnerar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, lo que mantiene el conflicto jurídico abierto.
El papel del Abogado General de la Unión Europea
La fecha elegida para la manifestación no es casual. Dos días después, el 9 de octubre, el Abogado General de la Unión Europea presentará su dictamen sobre una cuestión prejudicial elevada por el Supremo que busca aclarar si España está obligada a hacer fijos a los interinos de larga duración.
Aunque las conclusiones del Abogado General no son vinculantes, suelen marcar el camino que seguirá el TJUE en su sentencia final, por lo que el pronunciamiento será determinante.
El Constitucional se desentiende y aumenta la tensión
El contexto nacional tampoco ayuda a despejar la incertidumbre. El Tribunal Constitucional decidió no entrar a valorar la polémica sobre la fijeza de interinos, sobre la cuestión si dar la plaza fija a un interino que lleva años ocupando la misma plaza durante años con un contrato temporal, seria contradictorio con lo que dice la Constitución Española.
Concretamente, el artículo 23.2 de la Constitución establece que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad. Por su parte, el artículo 103 exige que el acceso a la función pública esté regido por los principios de mérito y capacidad.
Nuevos fallos europeos refuerzan las reclamaciones
Mientras en España sigue el debate, en Europa si parece que lo tienen claro y que este abuso por parte de la administración pública de los contratos temporales debe tener un castigo y no es otro que al igual que sucede en el sector privado cuando hay abuso de la contratación temporal, es que ese contrato pase a ser indefinido. Por ejemplo, una sentencia de 2024 del TJUE que despeja dudas del Supremo sobre la conversión de interinos a fijos refuerza la exigencia de sanciones efectivas y disuasorias frente al abuso de temporalidad.
Críticas a la ambivalencia del Gobierno
Los convocantes también critican la falta de coherencia del Gobierno. Mientras evita una reforma integral para acatar las sentencias europeas, ha impulsado procesos de estabilización exclusivos para jueces y fiscales, algo que consideran un trato de favor.
El Ejecutivo sostiene que con la Ley 20/2021 y los procesos de estabilización se cumple la normativa europea, pero los interinos insisten en que sin una ley que garantice la fijeza real la temporalidad seguirá siendo estructural.