El próximo 9 de octubre puede ser un día clave para miles de personas que llevan años trabajando en la administración pública como interinos o con contratos temporales. Ese día, el Abogado General de la Unión Europea dirá si cree que España está obligada a convertirlos en trabajadores fijos.
Aunque su opinión no es definitiva, suele ser muy influyente y marca el camino que después sigue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es quien tiene la última palabra.
¿Por qué se pronuncia ahora Europa?
Todo esto comenzó cuando el Tribunal Supremo de España pidió ayuda a Europa en 2024. La pregunta básicamente era si había que hacer fijos a los interinos que llevaban años encadenando contratos temporales en el sector público sin que tengan que pasar por una oposición. Es decir, si un interino debe quedarse con la plaza que lleva años ocupando sin pasar por una oposición.
Hasta ahora, el Supremo dice que no. Según su interpretación de la Constitución, solo se puede ser funcionario fijo si se aprueba una oposición. Pero desde Europa se ve diferente y consideran que encadenar contratos durante años es un abuso al trabajador y que hay que otorgarle esa plaza.
Lo que ya ha dicho Europa en otras ocasiones
En otras sentencias, el Tribunal Europeo ya ha dejado claro que la manera en la que España trata a los interinos no es suficiente. Han dicho que:
- Llamar «indefinido no fijo» a un trabajador no soluciona el problema, porque sigue siendo un contrato temporal.
- Las indemnizaciones que se dan cuando se termina el contrato no son una sanción real ni evitan que se repita el abuso.
- Lo ideal sería convertir esos contratos en fijos o usar otras medidas que realmente aseguren la estabilidad del trabajador.
¿Qué puede pasar a partir de octubre?
Si Europa vuelve a dar un tirón de orejas a España, el Gobierno tendría que replantearse cómo gestiona el empleo público. Podría significar cambiar leyes, lanzar nuevos procesos de estabilización e incluso abrir la puerta a que miles de personas reclamen ante los tribunales para que se reconozca su derecho a quedarse en su puesto de forma fija.
En cambio, si Europa apoya la postura del Supremo (algo que parece poco probable) todo seguiría más o menos como hasta ahora, aunque con posibles mejoras en las indemnizaciones que se pagan cuando se termina el contrato.