El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido no admitir a trámite una cuestión clave relacionada con la situación de los interinos en la Administración pública española. En concreto, se trataba de valorar si la normativa europea, que exige convertir en trabajadores fijos a aquellos interinos que han encadenado contratos temporales de forma abusiva, colisiona con lo establecido por la Constitución Española.
El Constitucional se lava las manos
La cuestión había sido elevada esta primavera por el Juzgado de lo Social número 10 de Bilbao, y se debatió la semana pasada en el Pleno del TC. Sin embargo, la Corte de Garantías ha resuelto inadmitirla sin entrar a considerar su contenido, según informaron fuentes del alto tribunal.
Por tanto, el Constitucional no se pronuncia ni a favor ni en contra de la conversión automática de fijos de interinos en situación de abuso, lo que mantiene en el aire un asunto que afecta a miles de trabajadores públicos en toda España.
Normativa europea vs. principios constitucionales
La polémica gira en torno a la supuesta incompatibilidad entre el derecho comunitario y los principios constitucionales españoles. En particular, el artículo 23.2 de la Constitución establece que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad. Por su parte, el artículo 103 exige que el acceso a la función pública esté regido por los principios de mérito y capacidad.
No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha dictado en 2024 dos sentencias (una en febrero y otra en junio) que instan a España a regularizar la situación de los interinos que han sido contratados de manera abusiva durante años. El TJUE entiende que encadenar contratos temporales sin justificación supone una violación del derecho comunitario.
Choque de criterios: Supremo vs. TJUE
Si lo comparamos con el sector privado, cuando un trabajador con un contrato temporal, excede su duración máxima, o bien la supuesta causa por la que se ha realizado un contrato de duración determinada en lugar de la contratación indefinida no se da, automáticamente ese contrato pasa a ser indefinido.
Sin embargo, a pesar de que las directrices europeas indican que en el sector público, cuando se ha abusado de los contratos temporales, debería suceder lo mismo, es decir, convertir ese contrato en indefinido, el Tribunal Supremo no lo ve así. La máxima instancia judicial nacional ha rechazado aplicar estas sentencias como vía para convertir automáticamente en funcionarios a los interinos, argumentando que tal acción violaría los principios constitucionales de acceso mediante mérito, capacidad e igualdad.