Las empresas que complementan las bajas laborales de sus trabajadores deberían pagar una cotización mayor si esos complementos disparan el gasto en incapacidad temporal sin controles, así lo recoge una de las medidas que propone Fedea ante el fuerte crecimiento de una factura que alcanzó los 18.413,3 millones de euros en 2025.
La propuesta forma parte del estudio La Seguridad Social, algo más que la pensión de jubilación, publicado por Fedea el 14 de septiembre y elaborado por Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social. El trabajo analiza el aumento del gasto en incapacidad temporal y dedica parte de sus propuestas a los complementos establecidos por convenio, que mejoran lo que recibe el trabajador durante una baja y que, en algunos casos, permiten alcanzar el 100% de la retribución.
La propuesta pasa por establecer una cotización adicional y revisable cuando estos complementos estén asociados a un gasto en incapacidad temporal superior al de situaciones comparables y no existan controles suficientes.
El gasto en bajas alcanza los 18.413 millones de euros
La propuesta llega después de varios años de fuerte crecimiento del gasto en incapacidad temporal, que pasó de 12.468,6 millones de euros en 2021 a 18.413,3 millones en 2025, alrededor de 6.000 millones más en cuatro años. Esta última cantidad equivale al 10,4% de los ingresos por cotizaciones sociales y el aumento ha continuado en 2026, ya que durante el primer semestre la Seguridad Social había destinado 9.502 millones de euros al pago de estas prestaciones, un 10,3% más que en el mismo periodo del año anterior.
Granado relaciona este crecimiento con varios factores. Las listas de espera de la sanidad pública pueden prolongar procesos en los que el trabajador necesita pruebas, una operación o rehabilitación, mientras que el envejecimiento de las plantillas también influye en las bajas. Sin embargo, el autor apunta especialmente a la evolución del mercado laboral y a la relación que observa entre la caída del desempleo y el aumento de la incapacidad temporal.
El estudio explica que en épocas con un desempleo elevado el miedo a perder el puesto de trabajo puede frenar el recurso a una baja médica, mientras que esta situación cambia cuando encontrar un sustituto resulta más difícil. En ese escenario, Granado señala que algunos trabajadores pueden recurrir a la prestación para afrontar problemas de estrés, cuidados familiares o unas condiciones de trabajo mejorables, una relación que el autor utiliza para explicar parte del crecimiento registrado en los últimos años.
Los complementos que permiten cobrar hasta el 100% estando de baja
La prestación por incapacidad temporal no cubre siempre el salario completo del trabajador. En una baja por enfermedad común o accidente no laboral, del cuarto al vigésimo día se cobra el 60% de la base reguladora y desde el día 21 se percibe el 75%, mientras que los tres primeros días, con carácter general, no generan prestación. Si la baja se debe a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, se cobra el 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja.
No obstante hay trabajadores que no notan una bajada en sus ingresos debido a que muchas empresas ya sea por convenio o un acuerdo pagan un complemento de Incapacidad Temporal. Con este complemento, la empresa mejora la prestación que recibe el trabajador durante la baja y, según las condiciones establecidas, puede llegar a completar el 100% de la retribución.
Fedea propone actuar precisamente sobre estos complementos cuando estén asociados a un mayor gasto en incapacidad temporal y no existan medidas de control. En esos casos plantea una cotización adicional para la empresa, además de revisar las diferencias que existen actualmente en las prestaciones según el origen de la baja.
Fedea plantea cambios en las bajas largas y de salud mental
Fedea propone que los trabajadores puedan reincorporarse de forma progresiva a su puesto durante la recuperación, compatibilizando parcialmente la baja con la vuelta al trabajo. Actualmente, una incapacidad temporal puede durar inicialmente hasta 365 días y prolongarse otros 180 días cuando se prevea que el trabajador puede recuperarse durante ese periodo. Con el modelo planteado, la vuelta podría hacerse de forma gradual en determinados procesos, en lugar de pasar directamente de la baja a realizar de nuevo toda la jornada.
En las bajas prolongadas relacionadas con la salud mental, Granado sugiere derivar al trabajador a especialistas a partir de determinado momento y establecer procesos de rehabilitación. Si la sanidad pública no pudiera prestar esta atención, el documento plantea concertarla con las mutuas, con el objetivo de que estos procesos no se limiten al tratamiento farmacológico y el trabajador reciba también atención dirigida a facilitar su posterior regreso al puesto.
El papel de las mutuas se ampliaría además al tratamiento de determinadas patologías musculoesqueléticas. Fedea propone que puedan atender estos procesos cuando la sanidad pública no llegue y plantea que, si una comunidad autónoma rechaza concertar estos servicios, el Estado pueda descontar el coste correspondiente de su financiación sanitaria.
Para los trabajadores con bajas prolongadas o problemas de estrés, el documento recomienda además incentivos y subvenciones a las cotizaciones para adaptar el puesto de trabajo o facilitar una recolocación, especialmente en las empresas más pequeñas. La medida busca que el trabajador pueda continuar en un puesto compatible con su situación cuando sea posible, en lugar de abandonar el mercado laboral mediante una incapacidad permanente.