UGT y CCOO han alzado la voz contra las enmiendas presentadas por PP, Vox y Junts al Proyecto de Ley que busca reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales. Estas enmiendas a la totalidad, sin texto alternativo, serán votadas el próximo 10 de septiembre en el Congreso de los Diputados. Si prosperan, supondrán el reinicio del proceso legislativo, algo que los sindicatos consideran un «fraude democrático».
Los líderes sindicales, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), han denunciado que se está negando el debate de una reforma que, según encuestas, cuenta con el respaldo del 75% de la ciudadanía y más del 80% en Cataluña. Incluso entre los votantes de Junts y Vox hay mayorías que apoyan la medida, por lo que los sindicatos acusan a estos partidos de ignorar a sus propios votantes.
Movilizaciones en toda España
Para frenar este bloqueo, los sindicatos han convocado manifestaciones en todas las provincias españolas, con especial foco en Madrid, donde protestarán frente al Congreso mientras se votan las enmiendas. El objetivo es ejercer presión directa sobre Junts, clave para inclinar la balanza en esta votación.
“No se está votando todavía la reducción a 37,5 horas, solo se pide seguir debatiendo», aclaró Álvarez. «Pretender impedir eso es hurtar a la ciudadanía un debate fundamental para el futuro laboral del país».
Desde los sindicatos avisan que aunque el proyecto caiga, seguirán con la presión durante toda la legislatura. Han advertido que convertirán esta cuestión en una “pesadilla” para los grupos políticos que pretendan bloquear la reforma. También apoyan la vía del decreto ley para endurecer el registro horario, una medida que el Ministerio de Trabajo podría activar sin pasar por el Congreso, como ya mencionó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Desconexión entre la realidad laboral y los privilegios políticos
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales beneficiaría directamente a más de 12 millones de personas en España. No solo significa trabajar menos, también aumentaría el valor de la hora de trabajo, concretamente un 7%.
Además, afectaría especialmente a sectores altamente feminizados como las empleadas del hogar, los cuidados, así como sectores como el comercio, la hostelería o la seguridad, donde predominan condiciones laborales precarias y jornadas extensas. La medida, según los sindicatos, contribuiría a mejorar tanto la calidad de vida como la equidad laboral.
Frente a este impacto positivo para una mayoría trabajadora, los sindicatos han señalado la “hipocresía” de los diputados que se oponen al debate. Unai Sordo (CCOO) subrayó lo paradójico de que “quienes ganan 100.000 euros al año, con pisos, acciones y despachitos heredados, se posicionen en contra de mejorar la jornada de camareros o vigilantes”. Para él, esta votación revela un claro sesgo de clase y una profunda desconexión entre las élites políticas y las necesidades de la ciudadanía.