El próximo 10 de septiembre, el Congreso de los Diputados votará la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Ese día se someterán a votación las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts. Si prosperan, el proyecto de ley será devuelto al Gobierno y la tramitación legislativa quedará paralizada.
Antes de la votación, como es habitual, habrá un debate en el pleno en el que los grupos expondrán sus argumentos. Sin embargo, será el resultado de la votación lo que determinará si la propuesta continúa o queda enterrada.
No ha sido posible retrasarlo más
La inclusión del punto en el orden del día fue forzada por PP, Vox y UPN, que suman mayoría en la Junta de Portavoces. Tanto el PSOE como Sumar habían solicitado posponer la votación para seguir negociando con Junts, clave para salvar la reforma. El intento fracasó.
Ya en julio, el Gobierno decidió retrasar el proceso por el clima político desfavorable, en plena tormenta por presuntos casos de corrupción que afectaban al PSOE. Ese aplazamiento se utilizó también como vía para acercar posturas con Junts, pero los avances han sido mínimos.
Junts mantiene su enmienda y enfría el acuerdo
La formación liderada por Carles Puigdemont ha sido especialmente crítica con el planteamiento del Ministerio de Trabajo. En su enmienda a la totalidad, Junts advierte de que una reducción de jornada podría tener el efecto contrario al deseado si no cuenta con consenso social ni se adapta a la realidad productiva. También señalan que el texto haya sido pactado solo con los sindicatos, sin respaldo de la patronal.
Además, el partido catalán ha insistido en la necesidad de proteger a pymes, autónomos y trabajadores de Cataluña, respaldando la posición de las patronales Foment, Pimec y Conpymes, todas contrarias a la medida.
Aunque Junts sigue dialogando con el Gobierno, su postura oficial es mantener la enmienda, lo que podría sellar la devolución del texto si se une a los votos de PP y Vox.
Yolanda Díaz insiste: “El tiempo también es un derecho”
Desde el Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz defiende que la votación no puede seguir retrasándose. “Son más de 12 millones de personas trabajadoras las que esperan esta medida. Su tiempo también es un derecho”, afirma la vicepresidenta.
Díaz lamenta que el PP se haya negado siquiera a sentarse a negociar, siguiendo las órdenes directas de Alberto Núñez Feijóo. “Es muy grave que un partido que dice que quiere gobernar España no hable sobre un tema central para los trabajadores y las empresas”, denunció.
El plan B: reforma del registro horario por decreto
Ante la posibilidad de que la ley no supere la votación del 10 de septiembre, Yolanda Díaz y su Ministerio sí tienen claro lo que saldrá adelante, sí o sí, el nuevo sistema de registro horario. La ministra de trabajo quiere que las empresas implanten un registro horario digital que sea accesible remotamente por parte de la Inspección de Trabajo. Si el proyecto de reducción de jornada no sale adelante, aprobará el nuevo registro horario por decreto, como ya avisó en el mes de julio.