Sánchez anuncia un nuevo “contrato social” por el impacto de la IA en el empleo: la negociación con sindicatos y la patronal arrancará en octubre

El Gobierno quiere pactar cómo afrontar los cambios que la inteligencia artificial está provocando en el trabajo y prepara una hoja de ruta que también llevará su uso a los programas educativos de Secundaria y Formación Profesional

El Gobierno quiere acordar con sindicatos y empresarios cómo afrontar los cambios que la inteligencia artificial está provocando en el trabajo. Pedro Sánchez ha anunciado este lunes que convocará en octubre a los agentes sociales para avanzar hacia un nuevo “contrato social” alrededor de la IA, con la protección de los trabajadores como uno de los asuntos que estarán sobre la mesa.

El anuncio se ha producido durante la presentación en La Moncloa del Plan IA360 para un despliegue responsable de la inteligencia artificial. El Ejecutivo trabajará durante los próximos 12 meses en una hoja de ruta que combina la extensión de estas herramientas entre empresas y ciudadanos con nuevas medidas de formación, supervisión y seguridad.

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El Gobierno llamará en octubre a la patronal y a los sindicatos para empezar a definir ese nuevo “contrato social” y acordar cómo responder a los cambios que la IA puede introducir en los puestos de trabajo. Por ahora no se han presentado nuevos derechos laborales ni modificaciones concretas del Estatuto de los Trabajadores, ya que será a partir de esas conversaciones cuando empiece a tomar forma el contenido del acuerdo anunciado por Sánchez.

Un nuevo “contrato social” ante los cambios de la IA en el trabajo

La propuesta parte de una transformación que ya puede verse dentro de las empresas. Herramientas capaces de generar textos, analizar documentos, programar o procesar grandes cantidades de información permiten hacer en menos tiempo algunas tareas que hasta hace poco dependían exclusivamente de una persona. Esto no supone que todos esos puestos vayan a desaparecer, pero sí puede cambiar las funciones que realizan los trabajadores y las capacidades que les piden las empresas.

El avance de estas herramientas ya ha llevado a analizar hasta qué punto la inteligencia artificial puede asumir tareas presentes en numerosos empleos de oficina. Para el Gobierno, ese proceso obliga a actuar ahora y no dentro de varios años. Sánchez ha defendido que el objetivo debe ser aprovechar las posibilidades económicas de la tecnología sin dejar desprotegidas a las personas que pueden verse afectadas por los cambios.

La negociación también puede llevar a terrenos como la productividad, la organización del trabajo y la formación de las plantillas. Si una herramienta permite realizar una tarea en menos tiempo, aparece la discusión sobre quién recibe ese aumento de productividad. Es un escenario que ya está llegando al ámbito laboral, donde se empieza a plantear qué debería pasar con las horas que un empleado consigue ahorrar utilizando inteligencia artificial.

El Ejecutivo quiere que el futuro acuerdo vaya más allá de la mesa formada por Gobierno, sindicatos y empresarios. La intención anunciada por Sánchez es incorporar posteriormente a partidos políticos, expertos, científicos y otros representantes de la sociedad para intentar alcanzar un acuerdo más amplio sobre el uso de esta tecnología.

La formación será otra parte del Plan IA360

La introducción de nuevas herramientas de inteligencia artificial en las empresas obligará a parte de las plantillas a actualizar sus conocimientos y aprender nuevas formas de realizar determinadas tareas. Cuando sea la empresa la que exija esa adaptación, la formación obligatoria puede computar como tiempo de trabajo y no debe correr a cargo del empleado, una protección que cobra peso a medida que estos sistemas se incorporan al día a día de más puestos.

Esa preparación comenzará también antes de que los jóvenes entren en el mercado laboral, ya que el Plan IA360 plantea adaptar los programas educativos de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional para enseñar a los estudiantes a utilizar correctamente la inteligencia artificial y que puedan aplicar después esos conocimientos en su actividad profesional.

La formación en estas nuevas herramientas también está llegando a trabajadores y personas desempleadas mediante programas específicos que buscan mejorar sus competencias digitales. Entre las iniciativas que ya se han puesto en marcha se encuentran cursos gratuitos de inteligencia artificial y nuevas tecnologías dirigidos a mejorar el perfil profesional, que permiten adquirir estos conocimientos sin necesidad de contar previamente con experiencia tecnológica.

El Ejecutivo quiere que este esfuerzo formativo avance al mismo tiempo que aumenta la presencia de la inteligencia artificial en el tejido empresarial. La hoja de ruta busca extender el uso de estas herramientas entre las empresas y reforzar la capacidad tecnológica de España, con la idea de que su desarrollo no termine concentrado únicamente en un reducido grupo de grandes compañías y países.

El Gobierno quiere impulsar la IA, pero también controlar cómo se utiliza

El impulso de la inteligencia artificial que plantea el Plan IA360 irá acompañado de controles sobre su funcionamiento y sobre las decisiones que puedan afectar a las personas. Sánchez ha defendido que estos sistemas deben funcionar con reglas claras, supervisión y mecanismos que permitan conocer cómo se han tomado determinadas decisiones, además de mantener el criterio humano en aquellos ámbitos en los que una persona deba seguir teniendo la última palabra.

Ese control tampoco quedaría exclusivamente en manos de las compañías que desarrollan la tecnología, ya que el presidente ha defendido que las empresas deben asumir responsabilidades legales y económicas por las consecuencias derivadas de sus herramientas. El planteamiento del Gobierno incluye además una mayor supervisión de los sistemas más avanzados y medidas relacionadas con la ciberseguridad.

El desarrollo de estas medidas avanzará durante los próximos meses junto al resto de actuaciones incluidas en el Plan IA360, mientras que en el terreno laboral la primera fecha marcada por el Gobierno será octubre. Sindicatos y patronal se sentarán entonces con el Ejecutivo para empezar a dar contenido al nuevo “contrato social” anunciado por Sánchez y conocer qué medidas pueden acabar trasladándose al día a día de las empresas y de sus plantillas.

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