Todo trabajador que denuncia o reclama derechos laborales a la empresa está protegido por lo que se conoce como garantía de indemnidad, lo que lo protege de represalias por parte de la empresa como por ejemplo el despido. Una garantía que está extendida incluso a familiares.
El Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha un anteproyecto de ley que amplía esa protección a cualquier persona trabajadora que informe de infracciones en su empresa, aunque no sean laborales, como por ejemplo contabilidad «B», pagos en negro.
Imagina que sabes que en tu empresa camuflan salarios bajo el concepto de «gratificaciones», algo que se da mucho, por ejemplo cuando se ‘contratan’ voluntarios para cubrir algunos puestos en eventos. Seguramente no te atreverías a denunciarlo por miedo a que la empresa si lo descubriese te despidieran.
Pues el objetivo de este proyecto es garantizar que nadie oculte irregularidades por miedo a perder su empleo. Trabajo entiende que la ley de 2023 ya prohibía las represalias, pero la reforma era necesaria para cerrar grietas jurídicas y evitar interpretaciones que puedan dejar sin protección a la persona denunciante.
❗️Lanzamos a Audiencia Pública el Anteproyecto de Ley que permitirá proteger a las personas que denuncien corrupción en las empresas.
⏩ El objetivo es defender a las personas trabajadoras que informen sobre infracciones normativas.
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— Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) December 3, 2025
También habrá blindaje anti-ERE
La norma también permitirá impugnar despidos colectivos cuando afecten a trabajadores que hayan informado sobre irregularidades. El mensaje es claro. Las empresas no podrán utilizar ajustes internos para apartar a quienes colaboren en la detección de posibles infracciones.
Trabajo insiste en que esta reforma es necesaria para que el sistema de protección de los informantes funcione de forma real y efectiva. La capacidad de denunciar sin miedo es clave para detectar vulneraciones que habitualmente quedan ocultas por temor a perder el empleo. La memoria de impacto apunta que la norma no genera nuevas cargas para las empresas ni costes para la Administración. Simplemente refuerza garantías que ya existían pero que necesitaban una regulación más clara.