Cuando un trabajador solicita la baja voluntaria en la empresa para poner punto final a la relación laboral, una de las principales consecuencias es que no tiene derecho a paro. Al igual que tampoco se tiene derecho a indemnización, pero sí a finiquito, pues son conceptos diferentes, aunque se suelen confundir con que son lo mismo.
Una de las prácticas habituales e ilegales a las que se suele recurrir es llegar a un acuerdo con la empresa, para que en vez de una baja voluntaria sea un despido disciplinario. La razón es que este tipo de despido no supone ningún coste extra para la empresa en comparación con la baja voluntaria. Pero si para el trabajador, pues si tendría derecho a paro. Esto es lo que se conoce como arreglar el paro y es ilegal.
¿Es posible cobrar el paro tras una baja voluntaria?
La realidad es que sí, hay posibilidad de cobrar el paro tras una baja voluntaria totalmente legal. Una de ellas, es que la baja voluntaria del trabajador haya sido motivada por un incumplimiento por parte de la empresa. Por ejemplo, retrasos en el pago de la nómina, cambios sustanciales en las condiciones laborales, etc.
Otra opción es trabajar en otra empresa, aunque solo sea un día y ser despedido, incluso por no superar el periodo de prueba. Aunque el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) advierte en su web, de los requisitos que se deben cumplir para que la administración no sospeche de fraude.
Trabajar en una nueva empresa para poder cobrar el paro
Tal y como indica el SEPE, si posteriormente se trabaja en una nueva empresa y se es despedido por no superar el periodo de prueba por decisión del empresario, se puede solicitar el paro. Pues ahora sí se estaría en una situación legal de desempleo.
«Hay que recordar que el trabajador también puede decidir romper la relación, lo que se considera como baja voluntaria«.
No obstante, para evitar que un amigo o familiar puede echar un cable para poder cobrar el paro y contratarnos por un día y luego despedirnos, el SEPE establece que debe haber transcurrido más de tres meses desde la baja voluntaria.
Igualmente, aún pasado ese tiempo, el SEPE realiza un análisis concreto de la situación, para determinar si hay indicios que permitan establecer de manera fundada la presunción de fraude de ley en la última contratación.