Si la pensión de viudedad fue denegada y luego aceptada se cobrará con retroactividad

Siempre que se demuestre que existe dependencia económica del superviviente.

Según ha establecido el Tribunal Supremo, en una sentencia del 3 de diciembre de 2020, se deberá pagar con efecto retroactivo la prestación por viudedad, cuando esta haya sido denegada inicialmente por motivos de crisis matrimonial, pero se reconoce con posterioridad, basándose en los mismos datos fácticos y jurídicos presentados desde el principio.

La magistrada Virolés Piñol ha explicado que la razón del requisito para el reconocimiento al derecho para ser beneficiario de esta prestación de viudedad en los supuestos de crisis matrimoniales se encuentra en la dependencia económica mantenida en el momento del óbito y, esta dependencia se produce tanto si el superviviente estaba percibiendo pensión compensatoria strictu sensu, como si era beneficiario de cualquier otro pago regular a cargo del fallecido.

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Con esta sentencia se quiere incluir el derecho a pensión de viudedad de quienes estaban separados o divorciados  y el fallecido pasaba una pensión alimenticia que está obligado legalmente, por lo que tras su muerte se pone fin a la fuente de ingresos, siendo que esa identidad se da cuando el solicitante acredite que era acreedor de pensión, sea cual sea su denominación, ó naturaleza jurídica.

La separación matrimonial no influye si existía algún tipo de compensación

El pasado mes de noviembre de 2020 la Seguridad Social aprobó el acceso a esta prestación a las mujeres viudas de pareja de hecho víctimas de maltrato, aunque en el momento del fallecimiento hubiera terminado la convivencia por la existencia de malos tratos.

El artículo 39.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que «excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado», siempre que los supuestos de hecho existieran ya en la fecha y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

La magistrada ha recalcado que resultaría muy difícil impedir el acceso a la prestación en el caso de que, en el momento del fallecimiento, cuando la persona interesada sea demandante de cualquier suma periódica a costa del causante, sea cual sea la denominación dada en su atribución, y con independencia de la naturaleza jurídica de la misma

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