La pasarela al RETA que esperan miles de mutualistas ha dado un nuevo paso después de la aprobación de la ley este verano. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha comprometido a solicitar al Consejo de Ministros la tramitación urgente del reglamento que debe poner en marcha este mecanismo y concretar cómo se trasladarán al sistema público los derechos acumulados durante años en las mutualidades.
El compromiso se produjo durante la reunión que Saiz mantuvo con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, después de que la organización reclamara acelerar el desarrollo de la norma. Para los profesionales afectados no se trata de un simple trámite administrativo, ya que la ley está en vigor pero todavía faltan las reglas que permitirán ejecutar el traslado al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y calcular qué reconocerá la Seguridad Social a cada mutualista.
El Ministerio quiere avanzar con mayor rapidez y ambas partes han acordado mantener una nueva reunión antes de que termine septiembre para continuar trabajando sobre las cuestiones pendientes. El calendario fijado por la Ley 2/2026 añade presión a este proceso, ya que la norma estableció un plazo de tres meses para aprobar el desarrollo reglamentario de la pasarela.
El reglamento decidirá cómo se hará el traslado al RETA
La aprobación de la Ley 2/2026 publicada en el Boletín Oficial del Estado abrió la puerta a que determinados profesionales que utilizaron una mutualidad alternativa puedan trasladar sus derechos económicos al sistema público. La ley permite realizar el cambio de forma voluntaria y fija las condiciones generales de la pasarela, pero dejó pendiente el procedimiento que permitirá solicitar el traslado al RETA y buena parte de las reglas necesarias para llevarlo a la práctica.
Entre las cuestiones que tendrá que resolver el reglamento figura el procedimiento que deberán seguir los profesionales para acogerse a la pasarela. El texto tendrá que precisar qué documentación deberán presentar, cómo se acreditarán los periodos en la mutualidad y de qué forma se realizará la transferencia, además de aclarar cómo se integrarán las distintas etapas de la carrera profesional cuando el mutualista también haya cotizado directamente a la Seguridad Social.
Esta situación puede ser especialmente importante para profesionales que hayan pasado por diferentes sistemas durante su vida laboral, ya que las cotizaciones acumuladas en distintos regímenes pueden influir en la pensión que finalmente se reconoce. En el caso de la pasarela, el reglamento tendrá que aclarar cómo encajan los periodos procedentes de la mutualidad con las cotizaciones que el profesional ya tenga reconocidas dentro del sistema público.
La parte económica tendrá un peso importante para quienes estén valorando el cambio, porque haber permanecido un determinado número de años en una mutualidad no significa que todos esos años vayan a convertirse automáticamente en el mismo número de años cotizados al RETA. El cálculo dependerá de los derechos económicos acumulados y de las reglas que se utilicen para convertir esas cantidades en periodos y bases reconocidos dentro del sistema público.
La ley fija unas reglas generales para realizar esa conversión e incluye un coeficiente de mejora de entre el 0,67 y el 0,87 destinado a compensar determinadas contingencias que no estaban cubiertas por las mutualidades. El reglamento tendrá que concretar cómo se aplicará esta fórmula y cómo terminará reflejándose en las bases y periodos reconocidos por la Seguridad Social, dos elementos que pueden marcar la diferencia en la futura pensión del profesional.
Quién podrá beneficiarse de la pasarela al RETA
La medida no está dirigida a cualquier persona que haya contratado una mutualidad privada, sino a determinados profesionales colegiados que estén o hayan estado incluidos en mutualidades de previsión social utilizadas como alternativa al RETA. Entre los colectivos potencialmente afectados se encuentran abogados, procuradores, arquitectos, aparejadores, ingenieros y otros profesionales que durante su trayectoria pudieron utilizar estos sistemas en lugar de cotizar como autónomos.
Los profesionales que reúnan las condiciones podrán decidir voluntariamente si trasladan al sistema público los derechos que correspondan. La elección deberá valorarse antes de presentar la solicitud porque la transferencia tendrá carácter irreversible para la actividad profesional que haya dado lugar al traslado, de manera que conocer el resultado económico de la conversión será uno de los elementos principales para decidir si interesa utilizar la pasarela.
La ley establece además un tratamiento específico para los mutualistas de mayor edad. Los profesionales que tengan 52 años o más a 31 de diciembre de 2026 disponen de reglas particulares para el reconocimiento de los meses completos de alta y cotización en la mutualidad a efectos del porcentaje aplicable a la base reguladora de la jubilación, siempre que cumplan las condiciones previstas. Este reconocimiento cobra especial importancia para quienes están más cerca de retirarse y disponen de menos tiempo para completar su carrera de cotización dentro del sistema público.
La situación es diferente para los mutualistas que ya están jubilados, puesto que la norma finalmente aprobada los deja fuera de la pasarela. Esta limitación fue uno de los asuntos discutidos durante la tramitación parlamentaria, aunque la ley incorporó otras medidas relacionadas con determinados mutualistas que ya son pensionistas.
Las condiciones que todavía deben desarrollarse han sido objeto de debate entre los propios afectados y sus representantes. El pasado 3 de septiembre, la Abogacía Española reunió a diferentes asociaciones y plataformas de mutualistas para recoger sus posiciones, preparar propuestas e identificar las cuestiones que consideran prioritarias, planteamientos que posteriormente fueron trasladados al Ministerio durante la reunión con Elma Saiz.
El contenido que finalmente tenga el reglamento será el que permita a cada mutualista hacer números antes de tomar una decisión, porque deberá aclarar cuántos periodos y qué bases terminará reconociendo la Seguridad Social después del traslado. Ese cálculo permitirá medir el efecto real de la pasarela sobre su carrera de cotización y, especialmente, sobre la pensión que pueda recibir cuando llegue el momento de jubilarse.