Más de 50 organizaciones de interinos han llevado hasta Bruselas su reclamación para que España responda por el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas. La Coalición Líneas Rojas Innegociables ha pedido a la Comisión Europea que avance con el procedimiento de infracción y lleve a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), además de rechazar la petición del Gobierno para disponer de más tiempo hasta marzo de 2027.
La presión sobre Bruselas se traslada este jueves 24 de septiembre a Madrid, donde los afectados han convocado una concentración a las 11:00 horas ante la Representación de la Comisión Europea. La movilización coincide con una reunión entre Función Pública, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el empleo público temporal, de manera que las dos partes moverán ficha el mismo día mientras sigue pendiente una respuesta para los trabajadores que llevan años encadenando contratos o nombramientos temporales.
Los interinos quieren que Bruselas lleve a España ante el TJUE
La petición de la Coalición pasa por desbloquear el procedimiento INFR(2014)4334 y remitirlo al TJUE con una petición de sanción económica. Las organizaciones consideran que España ha tenido tiempo suficiente para aprobar medidas que den respuesta a las personas afectadas y rechazan que el calendario vuelva a ampliarse, especialmente porque muchos empleados públicos siguen teniendo que acudir individualmente a los tribunales para reclamar por los años trabajados bajo temporalidad.
La actuación europea viene de lejos y dio un nuevo paso el pasado mes de abril, cuando la Comisión Europea envió un dictamen motivado a España al entender que las normas españolas no ofrecen protección suficiente a determinados trabajadores del sector público frente al uso abusivo de sucesivos contratos temporales. Bruselas dio entonces dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias y avisó de que podía remitir el procedimiento al TJUE si la respuesta española no era suficiente.
Frente a la petición de los interinos de avanzar ya por la vía europea, el Ejecutivo ha pedido a Bruselas una prórroga hasta marzo de 2027 para disponer de más tiempo para cumplir los compromisos relacionados con la reducción de la temporalidad. Las organizaciones quieren que esa ampliación sea rechazada y que la Comisión actúe después de que, según indican, haya terminado también el plazo del dictamen motivado sin que se haya aprobado una respuesta que repare a los trabajadores afectados.
El alcance de la temporalidad ayuda a entender por qué cualquier cambio puede afectar a miles de empleados públicos. El Gobierno calcula que cerca de 200.000 empleados públicos temporales llevan más de tres años en esta situación, aunque permanecer más de tres años en un puesto no convierte automáticamente cada relación temporal en abusiva. Para determinarlo hay que atender a las circunstancias de cada trabajador y a la forma en la que la Administración ha utilizado sus contratos o nombramientos.
Los afectados reclaman una reparación por los años de temporalidad
La reclamación que las organizaciones han trasladado a Europa no busca únicamente reducir el porcentaje de trabajadores temporales en las administraciones. Uno de sus principales objetivos es que cualquier reforma incluya una reparación para quienes ya hayan sufrido un abuso y medidas que impidan que una administración pueda mantener durante años a una persona como temporal para cubrir necesidades que en realidad son permanentes.
Los procesos extraordinarios de estabilización desarrollados tras la Ley 20/2021 han permitido que empleados temporales consigan una plaza, pero las asociaciones consideran que estabilizar al trabajador no borra los años anteriores en los que pudo existir un uso abusivo de la temporalidad. Esta diferencia también ha llegado a los tribunales y el Tribunal Supremo ha abierto la vía para que interinos que ya estabilizaron su plaza puedan reclamar una indemnización por el abuso sufrido anteriormente.
Para saber qué trabajadores pueden encontrarse en esa situación no basta únicamente con mirar el número de años que llevan en la Administración. Al analizar cuándo los años trabajando como temporal pueden considerarse un abuso, los tribunales tienen en cuenta factores como la duración de la relación, la sucesión de contratos o nombramientos, las razones utilizadas para mantener la temporalidad y si el empleado ha terminado cubriendo durante años una necesidad permanente.
Los 626,6 millones de euros que los interinos sitúan en riesgo
Junto a la situación de los trabajadores aparece una cifra que aumenta la presión sobre el Gobierno. La Coalición advierte de que España podría llegar a perder definitivamente 626,6 millones de euros vinculados al Plan de Recuperación y pide a la Comisión Europea que mantenga ese dinero bloqueado mientras no se cumplan las exigencias comunitarias relacionadas con la temporalidad en el empleo público.
Las organizaciones vinculan esos 626,6 millones al hito 144 del Plan de Recuperación y señalan que el plazo terminó el pasado 31 de agosto sin que España hubiera alcanzado el cumplimiento exigido. Su petición a Bruselas pasa por mantener los fondos suspendidos hasta que se aprueben medidas que permitan sancionar el uso abusivo de la temporalidad y ofrecer una respuesta a las personas que ya lo hayan sufrido.