El Gobierno revisará en los próximos meses las indemnizaciones que reciben los empleados públicos cuando tienen que desplazarse o asumir determinados gastos por motivos de trabajo. El anuncio lo ha realizado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien ha avanzado que su departamento abordará la actualización de las indemnizaciones por razón del servicio dentro de los compromisos adquiridos con los representantes de los trabajadores públicos.
La medida afecta a unas compensaciones que sirven para cubrir gastos que pueden aparecer cuando el puesto obliga al empleado a desplazarse o permanecer fuera de su destino habitual. Entre ellos se encuentran el alojamiento, la manutención, los viajes y determinados desplazamientos realizados por trabajo. Función Pública llevará la actualización a la mesa de diálogo social antes de fijar las nuevas cantidades.
Las dietas y gastos que el Gobierno quiere actualizar
Las indemnizaciones por razón del servicio están reguladas por el Real Decreto 462/2002 sobre indemnizaciones por razón del servicio, que recoge las situaciones que pueden dar derecho a una compensación. Entre ellas aparecen las comisiones de servicio, determinados desplazamientos dentro del término municipal, los traslados de residencia y algunas asistencias relacionadas con la actividad de la Administración.
Para el empleado público hay un matiz importante porque no estamos ante una subida general del sueldo de todos los funcionarios. Estas cantidades se cobran cuando se produce alguno de los gastos incluidos en la normativa, por lo que tienen especial importancia para quienes viajan por trabajo, pasan noches fuera de su residencia o tienen que desplazarse para cumplir con un servicio.
La regulación permite abonar gastos de alojamiento, manutención y viaje, además de determinadas cantidades relacionadas con el uso del vehículo particular cuando se cumplen los requisitos establecidos. Según el tipo de desplazamiento, también pueden incluirse gastos como peajes o aparcamiento, mientras que los traslados forzosos de residencia cuentan con su propia regulación.
Las dietas dentro de España mantienen actualmente diferentes importes según el grupo. El anexo II fija para el grupo 1 102,56 euros por alojamiento y 53,34 euros por manutención, mientras que para el grupo 2 las cantidades son de 65,97 y 37,40 euros. En el grupo 3 se establecen 48,92 euros por alojamiento y 28,21 euros por manutención. Estas cuantías fueron actualizadas con efectos económicos desde diciembre de 2005, según recoge el propio BOE.
Los nuevos importes todavía no se conocen
El anuncio de Función Pública confirma que la revisión se abordará durante los próximos meses, pero todavía faltan los datos que permitirán conocer su efecto real en el bolsillo. El Gobierno no ha comunicado cuánto cambiarán las dietas ni desde qué fecha se aplicarán las nuevas cantidades, de manera que los importes vigentes seguirán siendo la referencia hasta que se apruebe la actualización.
La revisión llega después de otros cambios que han afectado directamente a las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Durante este año se hizo efectiva la jornada de 35 horas semanales en la Administración General del Estado, una modificación que redujo el tiempo de trabajo semanal y obligó a adaptar los horarios de los organismos afectados.
Las retribuciones también han ocupado parte del debate sobre las condiciones del empleo público, tras la denuncia de CCOO en junio informando que cerca de 30.000 trabajadores de la Administración General del Estado cobraban salarios próximos al SMI y reclamó una mejora para los puestos con las retribuciones más bajas.
A las condiciones económicas se suman otros derechos vinculados a la carrera dentro de la Administración. La antigüedad puede influir, por ejemplo, en el número de días de asuntos propios que puede disfrutar un funcionario, ya que el Estatuto Básico del Empleado Público permite añadir jornadas de libre disposición conforme se acumulan determinados periodos de servicio.
La actualización de las indemnizaciones abre ahora un nuevo cambio para los empleados que necesitan desplazarse por motivos profesionales. La cantidad final que se fije y la fecha desde la que empiece a pagarse marcarán el efecto real de la medida, dos datos que Función Pública todavía tiene pendientes de anunciar.