El Gobierno de Pedro Sánchez ha solicitado a la Comisión Europea una prórroga hasta marzo de 2027 para reducir la temporalidad en las administraciones públicas y evitar que el expediente abierto por Bruselas termine ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La petición fue remitida a finales de junio de 2025, apenas unas horas antes de que expirara el plazo dado por la Comisión para corregir las deficiencias detectadas en el empleo público temporal.
La decisión supone, en la práctica, ganar tiempo para afrontar un problema que lleva años en el punto de mira de las instituciones europeas y que afecta especialmente a miles de trabajadores interinos de la sanidad y la educación públicas.
Bruselas dio un ultimátum a España por el abuso de la temporalidad
La Comisión Europea había concedido a España tres meses para aplicar correctamente la normativa comunitaria sobre la contratación temporal en el sector público y corregir las deficiencias detectadas en dos expedientes de infracción. Uno de ellos se refiere a la discriminación de los trabajadores temporales y el otro al uso abusivo de este tipo de contratos.
En lugar de presentar una solución definitiva antes de que expirara el plazo, el Ejecutivo optó por pedir más margen. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública argumenta que necesita conocer con exactitud cuántos empleados públicos se encuentran en situación de abuso de temporalidad en todas las administraciones y estudiar las consecuencias de las últimas resoluciones judiciales.
La sentencia del Supremo ha cambiado el escenario
Entre los argumentos esgrimidos por el Gobierno figura la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 11 de mayo, que descartó convertir automáticamente en trabajadores fijos a todos los empleados públicos que se encuentren en situación de abuso de temporalidad.
El fallo, no obstante, abre nuevas vías de compensación económica para los afectados. El Supremo establece que estos trabajadores pueden tener derecho a dos indemnizaciones compatibles entre sí: una por la extinción de relaciones laborales anormalmente largas y otra por los daños ocasionados por el abuso de la contratación temporal.
En el caso de los daños morales, la referencia fijada por el Alto Tribunal toma como base las sanciones previstas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS), con importes que pueden oscilar entre los 1.000 y los 10.000 euros, aunque la cuantía final dependerá de las circunstancias de cada caso.
Sanidad y educación concentran el mayor problema de temporalidad
El grueso del problema se encuentra en las comunidades autónomas. Mientras la tasa de temporalidad en la Administración General del Estado se sitúa en el 4,7%, en las administraciones autonómicas supera el 40%. La situación es especialmente delicada en dos servicios esenciales: la temporalidad alcanza el 43% en la sanidad y el 40% en la educación.
Estas cifras explican la cautela del Ejecutivo, que ha convocado a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias para estudiar posibles cambios normativos y analizar nuevas medidas que permitan reducir la contratación temporal de manera estructural.
La Comisión Europea tiene ahora la última palabra
La decisión queda ahora en manos de Bruselas. Si la Comisión Europea acepta la prórroga solicitada por España, el Gobierno dispondrá de más tiempo para diseñar una reforma y presentar un plan que permita reducir la temporalidad en el empleo público. Si la rechaza, el procedimiento de infracción podría avanzar hacia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De producirse ese escenario, el conflicto entre España y las instituciones comunitarias entraría en una nueva fase y podría acabar derivando, a largo plazo, en sanciones económicas para el Estado. Mientras tanto, miles de empleados públicos temporales siguen pendientes de unas medidas que, por ahora, continúan sin una solución definitiva.