El Ingreso Mínimo Vital (IMV) nació para proteger a las familias más vulnerables, pero para miles de beneficiarios se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza. El problema aparece cuando la ayuda se concede tras un error y una revisión posterior de la propia Administración confirma que en realidad no había derecho por no cumplir los requisitos. En muchos casos, esa reclama llega meses después de que la Seguridad Social aprobara el Ingreso Mínimo Vital, pero también puede tardar incluso algo más de un año, cuando los beneficiarios ya han utilizado ese dinero para cubrir sus necesidades básicas.
Meses o incluso años después, la Seguridad Social reclama la devolución del dinero a personas que ya lo habían destinado a pagar el alquiler, la comida o los gastos del día a día. En algunos casos, esas reclamaciones ya han acabado incluso en los tribunales.
Esta situación ha llegado hasta el Comité Europeo de Derechos Sociales, donde las organizaciones que impulsaron la reclamación consideran que la respuesta enviada por el Gobierno no resuelve el problema de fondo y reclaman una reforma para evitar que los beneficiarios de buena fe tengan que devolver ayudas concedidas por errores administrativos.
Además, Europa ha vuelto a pedir al Ejecutivo que facilite cuántas familias se han visto afectadas por estas devoluciones, un dato que todavía no ha aportado. Por eso, el Comité Europeo de Derechos Sociales mantiene abierto el procedimiento contra España después de que las organizaciones que presentaron la reclamación consideren insuficiente la respuesta enviada por el Gobierno.
Europa quiere saber cuántas familias están afectadas
El Comité Europeo de Derechos Sociales ha vuelto a pedir al Gobierno que informe de cuántas familias han recibido reclamaciones para devolver el Ingreso Mínimo Vital desde 2021. Según la información publicada sobre el procedimiento, es la segunda vez que solicita ese dato después de que el Ejecutivo no lo incluyera en su primera respuesta.
Las organizaciones que impulsaron la reclamación consideran que conocer el número de familias afectadas es fundamental para entender la dimensión del problema. A su juicio, muchas personas se ven obligadas a devolver unas ayudas que cobraron tras una resolución favorable de la propia Administración, lo que agrava todavía más la situación de hogares que ya eran vulnerables.
El Gobierno admite que la normativa necesita cambios
El debate llega después de que el Gobierno reconociera ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que la regulación sobre la condonación de las deudas del IMV necesita modificaciones. No obstante, las organizaciones consideran que ese reconocimiento todavía no se ha traducido en una solución para quienes ya tienen abiertas reclamaciones de devolución.
También recuerdan que buena parte de estas deudas aparecen porque la Administración revisa posteriormente la información económica y patrimonial de los beneficiarios, generando expedientes de reintegro tiempo después de haber concedido la ayuda. Muchos beneficiarios descubren esa revisión al consultar el estado de tramitación del Ingreso Mínimo Vital o al recibir una notificación de la Seguridad Social.
Los errores de la Administración siguen generando reclamaciones
El problema no es nuevo. En los últimos años, varios beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital han tenido que acudir a la Justicia para intentar anular reclamaciones de devolución después de que la propia Administración cometiera errores en la gestión de la prestación.
Uno de estos casos fue el de una persona a la que Lanbide exigió devolver 8.046,51 euros por un cobro indebido del IMV, pese a que no había solicitado la ayuda y había informado de sus ingresos. La Justicia terminó anulando la deuda. En otro caso, la Seguridad Social reclamó 5.721 euros a una beneficiaria después de cambiarle otra prestación por el IMV. El tribunal le dio la razón al considerar que el error había sido de la propia Administración.
Estos ejemplos muestran el impacto que pueden tener estas reclamaciones en familias que cobraron la prestación de buena fe. Las organizaciones que llevaron el caso ante Europa no piden que desaparezcan los controles, sino que los errores administrativos no terminen convirtiéndose en deudas de miles de euros para hogares vulnerables.