Los desempleados mayores de 52 años que actualmente no pueden acceder al subsidio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por superar el límite de ingresos podrían tener una nueva oportunidad en 2027. La subida propuesta del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros mensuales elevaría el máximo de rentas permitido para cobrar esta ayuda de los actuales 915,75 euros a 964,50 euros brutos al mes.
La diferencia sería de 48,75 euros mensuales y podría beneficiar a quienes ahora se quedan fuera por superar el límite económico por muy poco. Es el caso, por ejemplo, de una persona desempleada de 52 años que cumple el resto de requisitos, pero que recibe 950 euros al mes por el alquiler de una vivienda. Actualmente, esos ingresos le impedirían cumplir el requisito de rentas, pero con el nuevo límite quedaría por debajo del máximo permitido y podría acceder a los 480 euros mensuales del subsidio si reúne las demás condiciones.
El cambio dependerá de que el Gobierno apruebe la subida del SMI prevista para 2027 y aunque es una medida que beneficia principalmente a los trabajadores, también tiene consecuencias positivas en los subsidios por desempleo. Más aún el subsidio para mayores de 52 años, puesto que no solo aumentará el límite de ingresos, también la base de cotización de quienes lo cobran, porque este subsidio a diferencia de otros, si cotiza a la Seguridad Social de cara a la pensión de jubilación.
La subida del SMI permitiría acceder al subsidio con ingresos de hasta 964,50 euros
Para poder acceder al subsidio para mayores de 52 años, hay que cumplir unos requisitos. El primero lógicamente es tener al menos 52 años en la fecha que se solicita el subsidio. Pero dado que está orientado a proteger la pensión de jubilación de este colectivo al encontrarse con la problemática de reincorporarse al merado laboral, es necesario tener cotizados al menos 15 años a la Seguridad Social, de los que seis tienen que ser ‘a la fuerza’ en un régimen que cotice por prestación por desempleo. Este último requisito deja por ejemplo fuera a quienes han trabajado toda su vida como autónomos.
Cumpliendo esto, entra en juego las rentas del solicitante conforme al artículo 275 de la Ley General de la Seguridad Social, que establece que las rentas propias del solicitante no pueden superar el 75% del salario mínimo interprofesional, sin incluir la parte proporcional de las dos pagas extraordinarias.
Con el SMI propuesto para el próximo año, el límite de rentas pasaría de 915,75 a 964,50 euros mensuales. Así, quienes tengan ingresos dentro de esa diferencia podrían cumplir el requisito económico que actualmente les impide acceder a la prestación. El cambio también afectaría a otros subsidios por desempleo que utilizan este mismo porcentaje para comprobar las rentas del solicitante.
En el caso de los mayores de 52 años, el SEPE tiene en cuenta únicamente las rentas propias del desempleado, por lo que no se suman los ingresos de su pareja ni de sus hijos. Esto puede beneficiar especialmente a quienes perciben una pensión de viudedad, tienen una vivienda alquilada o reciben otros ingresos que se encuentran cerca del límite establecido.
Qué ingresos tiene en cuenta el SEPE para conceder el subsidio
Para comprobar si una persona cumple el requisito económico, el SEPE revisa los ingresos obtenidos durante el mes natural anterior a la solicitud. Entre las rentas que pueden computarse están los salarios, las pensiones, los alquileres, los rendimientos de inversiones y determinadas ganancias patrimoniales. También se tienen en cuenta las pensiones compensatorias y de alimentos que reciba el solicitante.
La normativa establece algunas excepciones, como la indemnización legal por despido, que queda fuera del cálculo de rentas. De hecho, la Justicia tuvo que corregir al SEPE en el caso de un desempleado al que le denegaron el subsidio por cobrar una indemnización de 126.827 euros a plazos, al considerar el organismo que esos pagos mensuales superaban el límite de ingresos permitido.
También pueden influir las ganancias obtenidas por una herencia, una donación o la venta de un inmueble, aunque su tratamiento depende del tipo de ingreso y de las reglas de cálculo que establece la ley. Por ello, el SEPE no se fija únicamente en el dinero que una persona recibe de forma habitual, sino también en otras rentas que puedan afectar a su derecho a la ayuda.
Este requisito económico debe mantenerse durante todo el tiempo que se cobra el subsidio. Cuando una persona supera el límite de ingresos de manera temporal, el SEPE puede suspender la prestación y permitir su reanudación cuando vuelva a cumplir las condiciones. Si el incumplimiento se prolonga durante doce meses o más, el derecho se extingue.
Además, los beneficiarios tienen la obligación de comunicar los cambios de ingresos que puedan afectar a la ayuda. No hacerlo puede terminar con la pérdida del subsidio y la devolución de cantidades cobradas, como le ocurrió a una mujer que tuvo que devolver 7.072 euros por no comunicar una ganancia patrimonial de 30.954 euros relacionada con una vivienda.
Para mantener la prestación, el SEPE exige también presentar una declaración anual de rentas cada doce meses. El plazo para entregarla es de quince días hábiles desde que se cumple ese periodo y, si no se presenta, se suspende el pago de la ayuda y la cotización a la Seguridad Social.