Para cobrar un subsidio por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) hay que cumplir con el límite de rentas, junto con otros requisitos que dependen del subsidio. Este límite de rentas está condicionado directamente con el salario mínimo interprofesional, ya que se ha calculado tomándolo como referencia y aplicándole el 75%. En el caso del subsidio para mayores de 52 años, solo se tienen en cuenta las rentas propias del solicitante y no las de la unidad familiar.
No obstante, un hombre que cobraba el subsidio para mayores de 52 años terminó enfrentándose al SEPE tras divorciarse al considerar que todo el dinero que había en una cuenta y los fondos de inversión que formaban parte del patrimonio del matrimonio eran suyos en su totalidad. Por eso no solo le retiró el subsidio, también le exigió devolver 4.176 euros.
Sin embargo, el desempleado llevó su caso a los tribunales y ha conseguido que la Justicia le dé la razón, al considerar que el SEPE no podía atribuirle la totalidad de esos bienes, ya que durante el periodo por el que reclamaba el dinero todavía tenían carácter ganancial.
El SEPE le reconoce el subsidio para mayores de 52 años y después le exige devolver 4.176 euros
Esta persona comenzó a cobrar el subsidio para mayores de 52 años el 10 de septiembre de 2023 cuando aún estaba casado en régimen de gananciales, por lo que los bienes comunes del matrimonio pertenecían a ambos cónyuges. Pero el 31 de mayo de 2024 se divorció y, meses después, en enero de 2025, se produjo la liquidación de la sociedad de gananciales.
La historia comenzó el 10 de septiembre de 2023, cuando el hombre empezó a cobrar el subsidio para mayores de 52 años que le había reconocido el SEPE. En aquel momento estaba casado en régimen de gananciales, por lo que los bienes comunes del matrimonio pertenecían a ambos cónyuges. Fue entonces cuando quedó formalizado el reparto del patrimonio que habían compartido durante el matrimonio.
Mientras tanto, el SEPE había iniciado una revisión de su situación económica para comprobar si cumplía los requisitos para seguir cobrando el subsidio y de forma cautelar la suspensión el subsidio, y fue el 16 de abril de 2025 cuando decidió retirárselo y exigirle devolver 4.176 euros cobrados entre septiembre de 2023 y mayo de 2024.
Para justificar su decisión, el SEPE tuvo en cuenta el patrimonio que figuraba a nombre del beneficiario y calculó los ingresos que podían atribuirse a esos bienes. En concreto, examinó una cuenta bancaria con 208.610,34 euros y dos fondos de inversión de la misma entidad, valorados en 165.462,04 y 66.994,32 euros.
El organismo no consideró que el hombre hubiera cobrado directamente esas cantidades como ingresos mensuales. Lo que hizo fue aplicar un rendimiento estimado sobre el patrimonio, un sistema que permite calcular determinadas rentas aunque el dinero no esté produciendo esos ingresos de forma efectiva cada mes.
De esa operación obtuvo unos rendimientos presuntos de 879,67 euros mensuales y después añadió otras rentas de menor cuantía hasta alcanzar los 912,03 euros al mes. Por aquel entonces el límite de rentas estaba establecido en 810 euros, por lo que el desempleado superaba ese límite.
El hombre reclama al SEPE y termina llevando el caso a los tribunales
Después de recibir la resolución, notificada el 27 de mayo de 2025, el desempleado presentó una reclamación administrativa el 27 de junio para intentar que el SEPE rectificara y evitar tener que acudir a los tribunales. Sin embargo, su petición fue rechazada por lo que tuvo que acudir a la vía judicial.
El hombre defendía que el organismo había calculado mal sus ingresos al atribuirle el 100% del patrimonio ganancial, cuando durante el periodo reclamado todavía estaba casado y esos bienes pertenecían a la sociedad de gananciales. Con ese argumento llevó su caso a los tribunales.
El Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz, le dio la razón al defender que las rentas procedentes del patrimonio ganancial debían computarse al 50% y que, por tanto, no superaba el límite de rentas. Dicha decisión fue recurrida por el SEPE ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Al igual que el Tribunal de Instancia, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su sentencia 2385/2026 (STSJ PV 3568/2026) dio la razón al desempleado al considerar el organismo no podía calcular las rentas como si todo el patrimonio perteneciera exclusivamente al hombre durante los meses por los que exigía la devolución del subsidio.
Para resolver el caso, la Sala ha tenido en cuenta las fechas del matrimonio, el divorcio y el reparto de los bienes y es que cuando comenzó a cobrar la ayuda, en septiembre de 2023, el beneficiario seguía casado en régimen de gananciales. El divorcio llegó el 31 de mayo de 2024 y la liquidación de los bienes no se produjo hasta enero de 2025.
Por tanto, durante el periodo comprendido entre septiembre de 2023 y mayo de 2024, por el que el SEPE le reclamaba los 4.176 euros, el patrimonio todavía tenía carácter ganancial. El tribunal respaldan así el criterio del juzgado, que había aplicado el 50% de las rentas correspondientes a esos bienes, con lo que el hombre quedaba por debajo del límite que había utilizado el organismo para retirarle la ayuda.
El tribunal también ha examinado cómo se calcularon los ingresos atribuidos a los fondos de inversión y recuerda que deben tenerse en cuenta los rendimientos realmente obtenidos antes de acudir a cantidades estimadas. En el caso de estos fondos, además, los beneficios pueden quedar diferidos y no convertirse en ingresos periódicos. Por ese motivo, los magistrados tampoco consideran adecuado el cálculo de rendimientos presuntos aplicado a los fondos en las circunstancias de este procedimiento.