El subsidio para mayores de 52 años vuelve al centro del debate por su impacto en las cuentas públicas. Un informe de Fedea calcula que la reforma aprobada en 2019 generará un coste adicional de 17.935 millones de euros para la Seguridad Social hasta 2030, una factura ligada al aumento de beneficiarios y al efecto que esta ayuda tiene sobre las futuras pensiones.
La prestación alcanza ya a más de 458.000 personas, casi el triple que en 2005, cuando la cobraban 162.318 desempleados. El crecimiento ha convertido este subsidio en una de las piezas más importantes del sistema de protección por desempleo en España, especialmente entre trabajadores de más edad que tienen dificultades para volver al mercado laboral.
Qué cambió con la reforma de 2019
En realidad más que un cambio, la reforma aprobada mediante el Real Decreto-ley 8/2019 revirtió la reforma de 2012 aprobada mediante el Real Decreto-ley 20/2012.
La reforma aprobada en 2019 rebajó la edad de acceso de 55 a 52 años, aunque para ser más exactos esta reforma lo que hizo fue deshacer la de 2012, cuando se subió precisamente de 52 años a 55 años mediante el Real Decreto Ley 20/1012.
El Real Decreto-ley 8/2019 también hizo que en lugar de contar los ingresos de toda la unidad familiar volviera a computarse solo las rentas individuales, lo que facilitaba el acceso a esta prestación del SEPE. Del mismo modo amplió el cobro amplió el cobro hasta la edad ordinaria de jubilación cuando con la anterior reforma se extinguía cuando el beneficiario podía acceder a una pensión contributiva de jubilación, incluida la jubilación anticipada, con el correspondiente recorte en su pensión.
Otro cambio fue volver a elevar la base de cotización al 125% de la base mínima de cotización, precisamente esta base de cotización puedo haber sido rebajada nuevamente al 100% en la última reforma de los subsidios de finales de 2024, pero finalmente no se produjo.
Según el informe publicado por Fedea, estos cambios explican buena parte del incremento de perceptores. Sin la reforma, en 2030 habría unos 214.000 beneficiarios. Con ella, la previsión se eleva hasta casi 530.000 personas. La diferencia supone 315.718 perceptores adicionales atribuibles a la modificación normativa.
Una factura que no se limita al pago del subsidio
El impacto económico va más allá del dinero que el SEPE destina mensualmente a la prestación. Este subsidio mantiene la cotización para la jubilación mientras se cobra, por lo que también influye en la pensión futura de sus beneficiarios.
El informe estima que el aumento de obligaciones futuras en pensiones ascenderá a 9.456 millones de euros. A esa cantidad se suma una pérdida de ingresos por cotizaciones sociales de 8.479 millones, al tratarse de personas que permanecen fuera del mercado laboral. La suma de ambos conceptos arroja los 17.935 millones de euros de coste adicional para la Seguridad Social entre 2019 y 2030.
Más mayores de 50 años fuera del mercado laboral
El crecimiento del subsidio también refleja un problema de fondo en el mercado de trabajo. Los mayores de 50 años representan ya más de la mitad de todos los perceptores de prestaciones por desempleo, frente al 34,8% de 2005.
Fedea señala además que el 81% del aumento neto del desempleo registrado entre 2005 y 2025 corresponde a personas de más de 50 años. Aunque también hay más trabajadores ocupados en esa franja de edad, quienes pierden su empleo tienen más dificultades para reincorporarse y es que según el Banco de España solo el 8,9% de los beneficiarios se reincorpora al mercado laboral.