La Junta de Andalucía está negociando con los sindicatos un nuevo decreto que regulará el teletrabajo para los empleados públicos. Actualmente, los funcionarios andaluces tienen derecho a un día de teletrabajo a la semana, y la propuesta gubernamental busca ampliar este esquema a dos días. Sin embargo, la administración ha dejado claro que esta medida estará sujeta a evaluación: si los resultados no son positivos, se podría reducir o incluso eliminar la opción de teletrabajo.
Un teletrabajo bajo supervisión
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha sido tajante en su postura. Durante los Encuentros Informativos de Europa Press Andalucía, el consejero advirtió que no permitirán que el teletrabajo se confunda con vacaciones. Según Nieto, el objetivo es modernizar la administración pública sin perder eficiencia ni compromiso.
El nuevo decreto establece que el teletrabajo se evaluará en función de los resultados obtenidos, no solo del tiempo frente al ordenador. Nieto aclaró que la medición se basará en el cumplimiento de objetivos. Si los resultados son positivos, se mantendrán los dos días de teletrabajo. De lo contrario, la Junta tomará medidas, incluso eliminando esta opción.
La postura de los sindicatos
Los sindicatos han mostrado su desacuerdo con la postura de la Junta. Desde CSIF recuerdan que el acuerdo alcanzado inicialmente contemplaba hasta tres días de teletrabajo, algo que ahora parece descartado por la administración andaluza. Por su parte, CCOO-Andalucía ha expresado su preocupación, señalando que Andalucía es una de las comunidades autónomas con menos días de teletrabajo permitidos.
Los representantes sindicales sostienen que la propuesta debería evolucionar hacia una mayor flexibilidad, permitiendo alcanzar los tres días de teletrabajo en función de las evaluaciones. Además, han advertido que estarán «vigilantes» para que la Junta cumpla con los acuerdos firmados y no reduzca los días sin justificación objetiva.
Un modelo aún en debate
El decreto se encuentra en periodo de presentación pública de propuestas y aún no hay una fecha concreta para su aprobación. Sin embargo, fuentes de la Consejería confían en que entre en vigor en un plazo de cinco o seis meses.
Mientras tanto, la Junta insiste en que la evaluación del teletrabajo será clave para su continuidad. Si se demuestra que es una herramienta efectiva para mejorar la productividad, se mantendrá. De lo contrario, los funcionarios podrían volver a un modelo más presencial.