Este lunes tuvo lugar la primera reunión o más bien la primera toma de contacto entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal para reformar las indemnizaciones por despido improcedente.
Sin embargo, la reforma del despido improcedente en España, uno de los compromisos clave de Yolanda Díaz como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, no verá la luz antes de 2026. Pese a las reclamaciones de los sindicatos y el impulso que había tomado esta iniciativa con el respaldo del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), el proceso legislativo avanza a paso lento, en parte por la falta de una propuesta concreta por parte del Ministerio de Trabajo.
Trabajo delega en los sindicatos
La reunión ha servido para que el Ministerio de Trabajo encarga a los sindicatos CCOO y UGT la elaboración de una propuesta conjunta para reformar el despido improcedente. Los sindicatos tendrán tres semanas para presentar un texto base que sirva como punto de partida en las negociaciones.
Los sindicatos presentarán una propuesta sólida que incorpore cuatro pilares fundamentales:
- Que la indemnización sea resarcitoria y disuasoria.
- La recuperación de los salarios de tramitación eliminados en la reforma de 2012.
- Estudiar la posibilidad de que el trabajador pueda optar por la readmisión, y no solo la empresa.
- Incluir daños morales y perjuicios derivados del despido, en línea con los criterios del Tribunal de Justicia de la UE.
En cuanto a las cuantías, la idea de los sindicatos es volver a los 45 días por año trabajador, aunque sin el límite de 42 mensualidades como estaba antes de la reforma de 2012, pero sí más amplia que la actual (24) pasando a 33 meses.
No obstante, fuentes del Diálogo Social ya anticipan que no se alcanzará un borrador definitivo antes de 2026.
El retraso ha generado desconcierto entre los agentes sociales, más aún considerando la rapidez con la que el equipo de Díaz quiere impulsar otras reformas laborales, como la ampliación de permisos por fallecimiento o cuidados paliativos o la reforma del registro horario.
Un despido «no disuasorio» bajo la lupa europea
El origen de esta reforma se remonta a las reclamaciones interpuestas por CCOO y UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Ambos sindicatos denunciaron que la indemnización tasada en España de 33 días por año trabajado en casos de despido improcedente no se ajusta a la Carta Social Europea, ya que no se considera ni suficientemente reparadora ni disuasoria para evitar despidos sin causa.
El Comité dio la razón a los sindicatos, instando a España a reformar su normativa. Este aval europeo sirvió de impulso para que el Ministerio de Trabajo considerase una nueva legislación que contemple indemnizaciones a la carta, más ajustadas a las circunstancias personales del trabajador despedido, como su edad, cargas familiares o el sector en el que trabaja.
Críticas al Supremo y tensión en el diálogo social
Fernando Luján (UGT) y Javier Pacheco (CCOO) criticaron duramente al Supremo, acusándolo de desatender el ordenamiento jurídico internacional en su sentencia en la que impedía a los jueces poder conceder indemnizaciones superiores.
Ambos anunciaron que recurrirán su interpretación ante el Tribunal Constitucional y reiteraron que la actual legislación genera inseguridad jurídica no solo para los trabajadores, sino también para las empresas.
Las patronales, por su parte, rechazan de plano una reforma que desmonte el sistema actual de indemnizaciones tasadas, argumentando que introducir criterios variables supondría inseguridad legal y mayores costes.