Trabajar más de 40 años no evitará, por ahora, que la pensión se reduzca si se adelanta la jubilación. El Gobierno ha descartado eliminar la penalización que se aplica a quienes acceden a la jubilación anticipada antes de alcanzar la edad ordinaria, incluso cuando acreditan carreras laborales de cuatro décadas o más.
La razón que da el Ejecutivo para eliminar ese recorte no es otro que económico. Según una respuesta parlamentaria, retirar estos coeficientes reductores tendría un impacto de 3.358 millones de euros al año sobre el sistema público de pensiones.
La decisión supone un frenazo a una de las reclamaciones que más fuerza había ganado entre quienes defienden que un trabajador que ya ha cotizado durante más de 40 años no debería ver reducida su prestación por retirarse antes.
La medida seguiría afectando a miles de trabajadores con largas carreras laborales
En España, quienes adelantan su jubilación siguen sujetos a una reducción sobre la pensión inicial. Ese ajuste depende del tiempo adelantado, de los años cotizados y de si la salida del mercado laboral fue voluntaria o provocada por circunstancias ajenas al trabajador. Es decir, si es una jubilación anticipada voluntaria o si es involuntaria.
La existencia de más de 40 años cotizados no elimina automáticamente ese recorte. Durante los últimos meses distintas iniciativas políticas habían intentado abrir el debate para cambiar esta situación. El argumento es bastante sencillo, ya que consideran que una persona que ha cotizado y, por tanto, sostenido el sistema durante décadas, debería poder jubilarse antes sin asumir una reducción permanente de ingresos.
Sin embargo, el Gobierno considera que eliminar los coeficientes reductores en estos casos tendría un impacto demasiado elevado para las arcas públicas.
Pero hay otra consecuencia más y es que al aplicarse los coeficientes reductores incluso en algunos casos la Seguridad Social podría rechazar la jubilación anticipada tal y como ha explicado el funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz Cuenca en uno de sus vídeos.
Más de 2.000 millones corresponderían a jubilaciones anticipadas involuntarias
La cifra de 3.358 millones presentada por el Ejecutivo se divide en dos grandes bloques.
Por un lado, 1.345 millones de euros corresponderían a quienes accedieron a una jubilación anticipada voluntaria.
Por otro, 2.013 millones de euros afectarían a jubilaciones anticipadas involuntarias, es decir, aquellas vinculadas a despidos colectivos, causas de fuerza mayor, violencia de género o incumplimientos graves por parte del empresario previstos en la normativa de Seguridad Social.
El mensaje del Ejecutivo es que cualquier cambio tendría un impacto estructural sobre el gasto del sistema.
El Gobierno defiende que las pensiones afectadas ya superan los 2.000 euros de media
Además del coste, el Ejecutivo aporta otro argumento para justificar su negativa. Los trabajadores que se jubilaron anticipadamente de forma voluntaria con 40 años o más cotizados cobran una pensión media de 2.002,58 euros al mes y soportan una reducción media del 11,36%. En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, la pensión media asciende a 2.100,42 euros mensuales y el coeficiente reductor medio alcanza el 18,9%.
Son cifras que el Gobierno utiliza para sostener que una eliminación general de estos recortes debe analizarse con cautela.
La presión para cambiar el sistema continúa
El debate, sin embargo, sigue abierto. En noviembre de 2025 el Congreso aprobó una iniciativa para impulsar reformas dirigidas a eliminar estos coeficientes en carreras laborales largas. También se han registrado preguntas parlamentarias para pedir explicaciones sobre el retraso en abordar el cambio.
Por ahora, el Ejecutivo mantiene que cualquier modificación deberá negociarse dentro del Pacto de Toledo y en el marco del diálogo social.