El Gobierno ha aprobado la prórroga de los ERTEs hasta el 31 de enero de 2020 debido a que la pandemia del coronavirus vuelve a golpear fuerte al país y retrasará aún más la reactivación de la económica.
Esta decisión se ha llevado a cabo por un Real Decreto-Ley en el Consejo de Ministros, previamente aceptado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
En esta nueva prórroga se han establecido tres tipos de ERTE a los que podrán acogerse las empresas, en función de las medidas restrictivas que se pongan en marcha y que afecten a la productividad de las empresas.
- ERTE por fuerza mayo.
- ERTE por limitación.
- ERTE por impedimento.
El ERTE por impedimento es aquel que se podrán acoger las empresas cuyos trabajos no podrán continuar con su actividad normal debido a las medidas restrictivas que se lleven a cabo para paliar la expansión del coronavirus a partir del 1 de octubre de 2020, tanto por autoridades nacionales como extranjeras.
¿Cómo afecta el ERTE a la cotización para la pensión de jubilación?
Este tipo de Expediente Regulador Temporal de Empleo exonerará a las empresas de las cotizaciones de la Seguridad Social de sus trabajadores, desde el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021 (fecha en la que finaliza la vigencia de esta prórroga).
Eso si, siempre que las empresas cuenten con menos de 50 trabajadores, en el caso de que el número de empleados sea igual o superior será del 90%.
¿Qué empresas pueden acogerse?
Estas nuevas modalidades podrán solicitarlas tanto las empresas con un ERTE anterior por fuerza mayor que hubiesen renunciado a él como empresas con un ERTE parcial, que es hayan visto afectadas por las nuevas medidas de restricción.
¿Cómo se solicita?
Las empresas serán las encargadas de realizar una solicitud colectiva al SEPE. En el caso de que las empresas estén aún en un ERTE por motivo de la pandemia del coronavirus deberán realizar una nueva solicitud antes del 20 de octubre.
En cuanto a las empresas con ERTE de fuerza mayor, estos contratos se renovarán de forma automática, manteniendo los empleados su derecho al cobro de prestaciones, cuya cuantía ascenderá al 70% de la base reguladora.