El Gobierno hace poco ha aprobado la extensión de los Expedientes Reguladores Temporales de Empleo (ERTEs) hasta el mes de septiembre, culminando así varias semanas de reuniones entre Gobierno, sindicatos y patronales.
Este esfuerzo que está asumiendo el Gobierno para seguir prorrogando los ERTEs que se pusieron en marcha por la pandemia del coronavirus con las bonificaciones a las empresas para así mantener el empleo y evitar despidos, está suponiendo un gran coste para las arcas públicas, las cuales se están viendo bastante mermadas en recaudación y sobre todo tras las numerosas medidas que se han puesto en marcha también con el objetivo de paliar los efectos negativos del coronavirus en los españoles, como el Ingreso Mínimo Vital.
A pesar de esta prórroga hasta septiembre, los sindicados y patronales ven necesaria que se extienda hasta finales de año, ya que como bien han comunicado en más de una ocasión la recuperación económica de las empresas está siendo bastante lenta y pasarán varios meses hasta la economía de estas empresas sea como antes de la pandemia.
Por el momento la prórroga supone un coste de los ERTEs desde que se pusieron en marcha por el estado de alarma de unos 42.000 millones de euros, un elevado coste, teniendo en cuenta que el Gobierno asumió la seguridad social de los trabajadores y también permitió el acceso a los trabajadores en ERTE que no cumplieran los requisitos para solicitar una prestación o subsidio.
Ante esta situación no le queda más remedio al Gobierno que realizar esfuerzos presupuestarios para los próximos años.
Además el Gobierno ya ha advertido que perseguirá a las empresas que se beneficien de forma fraudulenta de estas ayudas, como la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo y que no sea notificado al SEPE para su baja en el ERTE, así como las empresas que contraten personal estando en ERTE.