Como medida excepcional y para paliar la situación económica de muchas empresas durante la crisis sanitaria, el Gobierno aprobó una serie de medidas para mejorar las condiciones de los ERTE tanto a los trabajadores afectados como a las empresas.
Entre las medidas se eliminó el requisito de cotización para que los trabajadores tuvieran derecho a una prestación o subsidio, es decir, independientemente de sus días cotizados, pasarían a cobrar la prestación por desempleo (paro), mientras que a las empresas estarían exentas de pagar la Seguridad Social de estos trabajadores. [Más información sobre los ERTEs].
Según ha publicado el periódico «Público» muchas empresas estarían llevando a cabo la contratación de trabajadores con otra categoría laboral y cobrando un menor salario, realizando el mismo trabajo que los trabajadores en ERTE.
Esta práctica ilegal de contrataciones, consiste en la contratación de nuevos empleados, bajo un contrato e
El mismo periódico hacia eco de otra práctica ilegal llevada a cabo por las empresas, mientras tenían a sus trabajadores en ERTE, estos seguía trabajando, pagando en «B» un sobresueldo.
Estas prácticas son completamente ilegales y en el caso de que se demuestre que una empresa se ha beneficiado de forma fraudulenta de estas ayudas, no solo tendrá que devolver el importe de las ayudas más los intereses, también se enfrentaría a cuantiosas multas que podrían alcanzar los 187.000 euros por trabajador contratado para sustituir a otro en ERTE.
Por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ya avisaron tras la aprobación de las ayudas por el coronavirus para las empresas que revisarían la legalidad de los ERTE y comprobar que no se cometan ningún tipo de fraude.
