El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, y la asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL han llevado hasta el Parlamento Europeo su reclamación de una jubilación digna y el reconocimiento de la profesión de riesgo. Ambas organizaciones denuncian que el Gobierno mantiene bloqueadas sus demandas laborales y han decidido acudir a Bruselas para exigir unas condiciones de retiro equiparables a las de las policías autonómicas y locales.
La visita llega apenas una semana después de que representantes de ambos cuerpos protagonizaran un encierro en el Ministerio del Interior que terminó con su desalojo por agentes de la propia Policía Nacional. Ahora, bajo el lema «¡Si España cierra la puerta a los policías, Europa tendrá que escucharnos!», JUPOL y JUCIL buscan que las instituciones europeas intervengan ante lo que califican como una situación de abandono y bloqueo institucional que afecta al futuro profesional de miles de agentes.
Según han explicado en un comunicado publicado el 4 de noviembre, las organizaciones reclaman también una negociación colectiva efectiva con la Administración. De hecho, aseguran haber presentado una iniciativa ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar las dificultades que encuentran a la hora de negociar sus condiciones laborales, especialmente en el caso de los policías nacionales, que tampoco tienen reconocido el derecho a huelga.
JUPOL y JUCIL reclaman una jubilación igual a la de otros cuerpos policiales
La principal reclamación de ambas organizaciones es que policías nacionales y guardias civiles puedan jubilarse en condiciones similares a las de las policías autonómicas y locales. Consideran que los riesgos que asumen durante su carrera profesional, desde las intervenciones contra el crimen organizado hasta la vigilancia de fronteras, deben tenerse en cuenta a la hora de establecer su edad de jubilación y las condiciones económicas de sus pensiones.
Esta diferencia entre cuerpos policiales lleva años provocando protestas. Mientras que los policías locales ya cuentan con mecanismos para adelantar su jubilación por las características de su trabajo, una ventaja que la Seguridad Social ha ampliado recientemente a quienes cambian de profesión, JUPOL y JUCIL siguen reclamando que se reconozca el riesgo de su actividad para acceder a medidas equivalentes.
Además, dentro de la Guardia Civil existen diferencias según el momento en el que los agentes ingresaron en el cuerpo. Los incorporados antes de 2011 pertenecen, con carácter general, al sistema de Clases Pasivas, mientras que los de nuevo ingreso desde ese año cotizan para su jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social. Esta distinción, que también influye en las condiciones de jubilación de los guardias civiles, forma parte de las dificultades que las organizaciones quieren resolver para que las mejoras lleguen a todos los profesionales.
En el caso de los trabajadores incluidos en la Seguridad Social, el Real Decreto 402/2025 regula el procedimiento para adelantar la edad de jubilación en actividades especialmente peligrosas mediante coeficientes reductores. Las organizaciones reclaman que el reconocimiento del riesgo policial se traduzca en medidas legales que permitan mejorar las condiciones de retiro de los agentes.
Del encierro en el Ministerio del Interior a la protesta en Bruselas
El malestar de los representantes policiales ya había quedado patente el pasado 27 de octubre, cuando una reunión con la Secretaría de Estado de Seguridad terminó sin el acuerdo que esperaban. La convocatoria de elecciones generales había frenado las conversaciones sobre la jubilación y varios representantes sindicales y de asociaciones profesionales decidieron permanecer encerrados en las dependencias del Ministerio del Interior para reclamar una solución.
La protesta se prolongó durante horas y terminó alrededor de la una de la madrugada del 28 de octubre, cuando agentes de la propia Policía Nacional desalojaron a los representantes que exigían mejoras en su jubilación. El encierro finalizó de forma pacífica, pero dejó patente el malestar de las organizaciones después de meses de reuniones con Interior.
El Ministerio había defendido que se habían producido avances en las conversaciones, aunque la convocatoria electoral impedía seguir adelante con las medidas pendientes. Para JUPOL y JUCIL, sin embargo, la falta de acuerdos que garanticen el reconocimiento de la profesión de riesgo y la mejora de las pensiones ha llevado a los agentes a buscar apoyo fuera de España.
Ambas organizaciones han advertido de que continuarán utilizando todas las vías legales e institucionales a su alcance para conseguir sus reivindicaciones. «Nuestros derechos no se negocian. Si el Gobierno de España se niega a escuchar a los policías nacionales y guardias civiles, seguiremos acudiendo a todas las instituciones necesarias para que nuestras reivindicaciones sean atendidas», han señalado en su comunicado.
La visita a Bruselas también ha servido para denunciar la falta de medios y efectivos en Ceuta, donde los representantes policiales alertan de las dificultades para vigilar la frontera. Asimismo, han reclamado más recursos para combatir el narcotráfico en el sur de España y recuperar una estructura permanente similar a OCON-Sur, con agentes especializados y capacidad para actuar en distintas provincias.
JUPOL y JUCIL insisten en que estas situaciones reflejan los riesgos que afrontan los agentes durante su vida profesional y que, a su juicio, deberían tenerse en cuenta cuando llega el momento de jubilarse. Por ahora, mantienen su reclamación de una jubilación equiparable a la de otros cuerpos policiales y una negociación real con la Administración, dos demandas que han decidido llevar a Europa después de no alcanzar un acuerdo con el Gobierno español.