Una quincena de representantes de sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil han terminado desalojados por agentes de la propia Policía Nacional después de permanecer durante horas encerrados en el Ministerio del Interior para reclamar mejoras en su jubilación. La intervención se produjo sobre la una de la madrugada de este miércoles 28 de octubre, cuando efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Estado de Seguridad, en Madrid, para poner fin a la protesta.
El encierro había comenzado la tarde del martes, después de que el Ministerio comunicara a los representantes de ambos cuerpos que las negociaciones para mejorar sus condiciones de jubilación quedaban paralizadas por la convocatoria de elecciones generales. Las organizaciones, que llevaban meses participando en una mesa de negociación, decidieron permanecer en el edificio hasta obtener una respuesta a sus reclamaciones.
Los policías y guardias civiles terminaron desalojados de madrugada
Los representantes se habían reunido con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, en las dependencias ministeriales de la calle Amador de los Ríos. Según explicaron las organizaciones, acudieron al encuentro con la intención de avanzar hacia un acuerdo, pero la reunión terminó después de aproximadamente media hora sin que se concretaran las mejoras que venían reclamando.
Ante esta situación, una quincena de asistentes decidió quedarse en el interior del edificio y mantener un encierro pacífico e indefinido. La protesta recibió el respaldo de decenas de policías y guardias civiles que se desplazaron hasta las inmediaciones del Ministerio durante la tarde y la noche.
Con el paso de las horas, las organizaciones denunciaron que no se había permitido la entrada de alimentos a las dependencias donde permanecían encerrados. Poco antes de la medianoche recibieron avisos de una posible intervención policial y, alrededor de la una de la madrugada, agentes de la UPR acudieron para desalojar a los representantes de sus propios cuerpos.
La salida se produjo de forma pacífica, entre aplausos de los compañeros concentrados en el exterior y gritos que pedían la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Los representantes habían decidido no ofrecer resistencia para evitar un enfrentamiento con los policías encargados de intervenir.
La movilización estuvo respaldada por los sindicatos policiales JUPOL, SUP y UFP, junto con asociaciones de la Guardia Civil como AUGC, JUCIL, ASESGC, APC, IGC y AEGC. Otras organizaciones que también habían participado en las negociaciones, entre ellas CEP y SPP, optaron por no sumarse al encierro.
El motivo del encierro fue la paralización de las negociaciones sobre su jubilación
La protesta comenzó después de que Interior comunicara que la convocatoria de elecciones generales impedía continuar con las conversaciones abiertas para mejorar las condiciones de retiro de policías nacionales y guardias civiles. Los representantes llevaban meses reclamando medidas concretas y esperaban que la reunión del martes permitiera avanzar hacia un acuerdo con garantías legales.
Entre sus principales demandas figura el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo a efectos de jubilación, con condiciones equiparables a las de otros cuerpos policiales, como los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza o las policías locales. Las organizaciones consideran que los riesgos y el desgaste físico asociados al servicio deben tenerse en cuenta tanto en la edad de retiro como en las condiciones económicas de las pensiones.
En España, otros profesionales ya cuentan con mecanismos para adelantar su jubilación por las características de su trabajo. Es el caso de los bomberos y policías locales, para quienes la Seguridad Social ha aclarado cómo conservar los beneficios de jubilación anticipada cuando cambian de profesión. Estas medidas se apoyan en el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula la reducción de la edad de jubilación en determinadas actividades especialmente penosas, peligrosas o insalubres.
Por su parte, el Ministerio del Interior ha defendido el trabajo realizado durante los últimos meses y ha recordado que la mesa técnica, constituida en abril, había celebrado seis reuniones para estudiar posibles mejoras. El departamento también ha señalado que el carácter especialmente peligroso y penoso del trabajo policial ya tiene reconocimiento en las retribuciones de ambos cuerpos, aunque las organizaciones reclaman que esas condiciones se reflejen también en su jubilación.
Interior ha manifestado su intención de retomar las conversaciones en la próxima legislatura, mientras que los representantes sindicales y profesionales insisten en que las mejoras deben quedar recogidas en una norma que garantice su aplicación. El desalojo ha puesto fin al encierro, pero las negociaciones siguen paralizadas y no se ha alcanzado un acuerdo sobre las condiciones de jubilación que reclaman policías nacionales y guardias civiles.