Durante muchos años tras la aparición de las aplicaciones de reparto a domicilio en España ha habido una lucha para proteger a los trabajadores de esta plataforma que trabajaban bajo la figura del falso autónomo. De ahí a que España se viera obligada a introducir la conocida Ley Rider y las numerosas multas que se han llevado plataformas como Glovo que tuvieron que cambiar su modelo de negocio.
Este viernes, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dado un paso que puede marcar un antes y un después para millones de trabajadores en todo el mundo.
La organización ha aprobado el primer convenio internacional destinado específicamente a proteger a quienes trabajan a través de plataformas digitales, un colectivo que durante años ha quedado atrapado en un limbo legal entre el trabajo asalariado y el autónomo.
La decisión salió adelante durante la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra con 406 votos a favor, ocho en contra y 36 abstenciones.
Por primera vez se establece un marco internacional que reconoce derechos laborales básicos para repartidores, conductores y otros profesionales cuya actividad depende de aplicaciones y algoritmos.
Un acuerdo histórico para millones de trabajadores
El convenio nace en un contexto en el que millones de personas trabajan cada día conectándose a una aplicación que les asigna tareas, calcula sus ingresos y evalúa su rendimiento.
Hasta ahora, gran parte de estos trabajadores eran considerados autónomos, una situación que en muchos países permitía a las plataformas operar sin asumir obligaciones propias de una empresa tradicional.
La OIT ha decidido intervenir precisamente ahí. El nuevo texto deja claro que la innovación tecnológica no puede servir para esquivar derechos laborales fundamentales.
El acuerdo obliga a los Estados que lo ratifiquen a garantizar condiciones laborales dignas, acceso a la protección social y mecanismos de defensa frente a decisiones arbitrarias adoptadas por las plataformas.
La norma se aplicará a todos los trabajadores de plataformas digitales, independientemente de cómo estén clasificados laboralmente en cada país. Este punto es especialmente relevante porque muchas empresas han basado su modelo de negocio en considerar a repartidores y conductores como autónomos.
Los algoritmos ya no podrán actuar sin control
Uno de los aspectos más novedosos del convenio afecta directamente a los sistemas algorítmicos que utilizan las plataformas para organizar el trabajo.
Estos programas determinan quién recibe más pedidos, cuánto puede ganar cada trabajador o incluso quién deja de operar dentro de la aplicación.
A partir de ahora, el convenio establece que los trabajadores deberán conocer cómo funcionan estos sistemas y tendrán derecho a solicitar la revisión de decisiones automatizadas que les afecten.
La llamada «desactivación de la cuenta», una práctica habitual en algunas plataformas, no podrá producirse por motivos ilícitos o discriminatorios.
La medida supone uno de los cambios más importantes del acuerdo, ya que introduce transparencia en un ámbito que hasta ahora había permanecido prácticamente fuera del control de los trabajadores.
Salario mínimo, Seguridad Social y protección frente al acoso
El convenio también fija garantías laborales básicas que los Estados deberán incorporar a sus legislaciones una vez ratifiquen el acuerdo.
Entre ellas destaca la obligación de garantizar que la remuneración de los trabajadores de plataformas no sea inferior al salario mínimo legal de cada país o al pactado mediante negociación colectiva.
Además, se blinda el acceso a la Seguridad Social y se reconocen derechos relacionados con la salud laboral, la formación y la protección frente a riesgos en el trabajo.
Las empresas también estarán obligadas a prevenir situaciones de violencia y acoso, incluidas aquellas que se produzcan a través de medios digitales. El texto reconoce incluso el derecho a interrumpir una tarea cuando exista un peligro grave para la vida o la salud del trabajador.
Cuándo entrará en vigor
Pese a la relevancia del acuerdo, sus efectos no serán inmediatos. El convenio deberá ser ratificado por al menos dos Estados miembros para entrar en vigor. Una vez se produzcan esas ratificaciones, comenzará a aplicarse doce meses después.
Eso significa que los repartidores y conductores no verán cambios automáticos desde este mismo momento. Cada país deberá adaptar posteriormente su normativa nacional para incorporar las nuevas obligaciones. Aun así, la aprobación del texto ya supone un cambio de escenario.
La OIT acaba de fijar por primera vez un estándar internacional para la economía de plataformas.