España ha incumplido el plazo fijado por la Unión Europea para adaptar la directiva de transparencia salarial. La fecha límite expiró este 7 de junio y el Gobierno todavía no ha aprobado una norma que cambiará la forma en la que empresas y trabajadores acceden a la información sobre los sueldos.
Bruselas aprobó la Directiva 2023/970 el 10 de mayo de 2023 (puede consultarse en el BOE aquí) y concedió tres años a los Estados miembros para incorporar a sus legislaciones nacionales. El plazo expira el 7 de junio de 2026 y España ha agotado ese margen sin completar la transposición.
Mientras tantos, muchas empresas intentan prepararse sin saber qué exigencias tendrán finalmente que cumplir y los trabajadores continúan sin acceder a algunos de los nuevos derechos previstos por Bruselas.
Una reforma para facilitar que las diferencias injustificadas salgan a la luz
La directiva busca reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y acabar con parte de la opacidad que tradicionalmente ha rodeado en los salarios de la empresa, en la que muchos trabajadores no siempre cobran lo mismo que sus compañeros.
Los trabajadores podrán solicitar información sobre su salario y conocer los niveles retributivos medios de compañeros que desempeñen funciones equivalentes, con datos diferenciados entre hombres y mujeres. Es decir, podrán saber por qué su compañero/a cobra más por el mismo puesto y funciones. Precisamente aquí entran en juego los pluses como la antigüedad.
Las empresas estarán obligadas a explicar los criterios utilizados para fijar salarios, ascensos o aumentos retributivos. El objetivo es que las decisiones salariales sean más transparentes y estén respaldadas por criterios objetivos que puedan justificarse ante la plantilla.
Las empresas deberán informar del salario antes de contratar
Otro cambio importante derivado de la Directiva Europea sobre transparencia retributiva afectará a los procesos de selección. Los candidatos deberán recibir información sobre el salario o la banda salarial del puesto antes de la contratación, lo que permitirá una negociación más transparente y basada en criterios objetivos.
Además, los empleadores no podrán solicitar información sobre el salario actual ni sobre el historial retributivo de los candidatos, estas preguntas se unen a las que ya tienen prohibidas hacer en una entrevista de trabajo.
El objetivo de esta medida es evitar que las diferencias salariales acumuladas a lo largo de la carrera profesional se trasladen de un empleo a otro y puedan perpetuar situaciones de desigualdad retributiva.
El límite del 5% que pone en alerta a las empresas
Otro de los aspectos que más preocupa a las compañías es el nuevo control sobre la brecha salarial.
La directiva establece que cuando exista una diferencia salarial igual o superior al 5% entre hombres y mujeres y esta no pueda justificarse mediante razones objetivas, la empresa deberá actuar.
En esos casos será obligatorio realizar una evaluación retributiva junto con la representación de los trabajadores para identificar las causas y aplicar medidas correctoras.
Se trata de un endurecimiento importante respecto al marco actual y obligará a muchas organizaciones a revisar sus sistemas salariales internos.
Las empresas intentan prepararse sin conocer las reglas definitivas
Mientras el Gobierno continúa trabajando en la transposición, muchas empresas ya han comenzado a revisar sus políticas retributivas para detectar posibles problemas antes de que la ley entre en vigor.
La preocupación es especialmente elevada en compañías de gran tamaño, que tendrán que presentar información periódica sobre sus salarios cuando la normativa quede plenamente implantada.
Las obligaciones afectarán a las empresas de más de 100 trabajadores, aunque los plazos de aplicación variarán en función del tamaño de la plantilla.
Consultoras y expertos laborales advierten de que el retraso reduce el tiempo disponible para adaptarse y aumenta el riesgo de conflictos o reclamaciones una vez que la regulación española vea finalmente la luz.
Un cambio que todavía tendrá que esperar
La transparencia salarial se ha convertido en una de las grandes apuestas de Bruselas para combatir la desigualdad retributiva.
La intención es que cualquier trabajador tenga más información sobre cómo se fijan los salarios y que las empresas puedan justificar de forma clara las diferencias existentes dentro de sus plantillas.
Sin embargo, ese escenario todavía no ha llegado a España. Por ahora, lo único seguro es que el país ha incumplido el plazo marcado por la Unión Europea y mantiene bloqueada una reforma que promete transformar la relación de trabajadores y empresas con los salarios.