Uber Eats ha reconocido una deuda de 110 millones de euros con la Seguridad Social por haber utilizado a unos 60.000 repartidores como falsos autónomos en España. La empresa ha aceptado pagar las cotizaciones pendientes tras la investigación de la Inspección de Trabajo, lo que le permite evitar un conflicto judicial.
La cifra corresponde a las cuotas que deberían haberse abonado por estos trabajadores entre 2022 y 2025. Durante ese tiempo, miles de repartidores operaron como autónomos, aunque en la práctica cumplían condiciones propias de un empleado por cuenta ajena.
Yolanda Díaz ya aviso en octubre de 2025 que tras Glovo, Uber Eats estaba en el punto de mira de la Inspección de Trabajo y que iría a por ella para velar por los derechos de sus trabajadores, como finalmente ha sido.
Una deuda millonaria que afecta a miles de repartidores
La regularización afecta a unos 60.000 trabajadores del reparto que prestaron servicio para la plataforma. En todos estos casos, la Inspección concluyó que existía una relación laboral real, por lo que deberían haber estado contratados y cotizando como asalariados.
Esto tiene un impacto directo en derechos clave. Las cotizaciones determinan el acceso al paro, las bajas médicas o la jubilación. Por eso, esta deuda no es solo un problema para la empresa, sino una cuestión que afecta de lleno a la protección social de los repartidores.
‼️ Tras la sanción impuesta por la Inspección de Trabajo Uber Eats pagará 110 millones de euros por cotizaciones sociales pendientes de 60.000 falsos autónomos.
👉Las 60.000 personas trabajadoras deberían haber sido asalariados en cumplimiento de la ‘Ley Rider’ aprobada en 2021. pic.twitter.com/NEgPpmq1c6
— Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) May 4, 2026
Por qué Trabajo considera que eran falsos autónomos
El origen del conflicto está en la llamada Ley Rider, en vigor desde 2021. Esta norma obliga a las plataformas digitales a contratar como asalariados a sus repartidores cuando existe dependencia de la empresa.
En el caso de Uber Eats, la Inspección determinó que la compañía organizaba el trabajo, fijaba condiciones y controlaba la actividad a través de su aplicación. Es decir, no actuaba como un simple intermediario, sino como un empleador, por tanto, eran falsos autónomos.
La empresa cambia de modelo para evitar los tribunales
La decisión de pagar la deuda llega después de que Uber Eats anunciara que dejaría de trabajar con repartidores autónomos. La empresa ha optado por regularizar la situación y asumir el coste económico para cerrar el conflicto con Trabajo.
Este movimiento también busca evitar un escenario más grave. El Ministerio ya había advertido de posibles acciones legales si no se producían cambios, incluso por la vía penal, como ocurrió con otras plataformas del sector como Glovo.
Tras este giro, la compañía ha comenzado a dar de alta a repartidores en la Seguridad Social y a adaptar su funcionamiento a la normativa vigente.
¿Puede haber más consecuencias para Uber Eats?
Por ahora, los 110 millones corresponden únicamente a cotizaciones pendientes. No se trata de una multa. La Inspección de Trabajo todavía no ha confirmado si impondrá una sanción adicional por haber utilizado falsos autónomos durante años.
En cualquier caso, el caso marca un precedente. Refuerza la aplicación de la ley en el sector del reparto y deja claro que las empresas deben contratar como asalariados cuando existe una relación laboral real.