Casi cuatro años después de la entrada en vigor de la reforma laboral que simplificó los tipos de contrato con la eliminación de los contratos de obra y servicio, el Gobierno de España ha aprobado un nuevo reglamento que limita el número de contratos de formación para la práctica profesional y los contratos para la formación en alternancia que pueden tener las empresas, una medida que busca garantizar una formación de calidad y adaptada a la realidad productiva actual.
La propuesta, impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue presentada oficialmente durante la celebración del 40º aniversario de las escuelas taller. La medida forma parte del desarrollo reglamentario de la reforma laboral y ha estado pendiente durante más de dos años.
Nuevos límites según el tamaño de la empresa
A partir de la entrada en vigor de este nuevo reglamento, se aplicarán los siguientes límites en función del número de empleados de la empresa:
- Micropymes (hasta 10 trabajadores): podrán tener como máximo 3 contratos de formación.
- Empresas pequeñas (entre 11 y 30 empleados): se permitirán hasta 7 contratos.
- Empresas medianas (entre 31 y 50 trabajadores): el límite será de 12 contratos.
- Grandes empresas (más de 50 empleados): podrán tener hasta un 20% de la plantilla en formación, pero nunca más de 30 contratos.
Este tope máximo de 30 se aplicará incluso en empresas de gran tamaño, con el objetivo de evitar el uso masivo de estos contratos y fomentar una atención más personalizada en la formación.
Posibilidad de flexibilización vía convenios colectivos
La norma incorpora cierta flexibilidad a través de los convenios colectivos sectoriales, que podrán modificar estos límites y sustituirlos por un porcentaje basado en la cantidad de contratos indefinidos de la empresa o del centro de trabajo. También podrán incluir compromisos de transformación de contratos formativos en contratos indefinidos, una medida para fomentar la estabilidad en el empleo juvenil.
Crítica al abuso de becas y prácticas no laborales
Yolanda Díaz fue clara en su discurso contra el uso abusivo de becas y prácticas no profesionales, señalando que no deben sustituir puestos de trabajo reales: “Las prácticas no profesionales no pueden sustituir empleos, de ninguna de las maneras”. Recordó que el Tribunal Supremo ha reiterado esta posición en múltiples sentencias.
La ministra denunció que el uso de falsos becarios sigue siendo una práctica extendida en España y se calcula que hay 1,7 millones de “mal llamados” becarios, de los cuales el 22% tienen más de 30 años. En contraste, los contratos formativos reales apenas superaron los 54.987 en el último año, una cifra que evidencia el escaso uso legal de este tipo de contratos.