Tras el rechazo parlamentario a su propuesta estrella de reducción de jornada laboral, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha decidido acelerar otras reformas pendientes. Ya se sabe, cuando una puerta se cierra, otra se abre y por ello Díaz se ha lanzado a por la reforma del registro horario y a por la reforma de las indemnizaciones por despido improcedente. La primera ha salido a consulta pública y la segunda el Pleno del Congreso aprobó el pasado 17 de septiembre una proposición no de Ley.
Una indemnización más adecuada
Un despido improcedente (el cual tiene que ser declarado por un juez) no es ni más ni menos que un despido injustificado, en otras palabras, que la empresa no tiene motivos reales para echar al trabajador y lo despide. Actualmente, la indemnización que establece la legislación laboral española es de 33 días por año trabajado hasta un máximo de 24 mensualidades. Antes de la reforma del PP en el 2012, la indemnización era de 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades.
Solo aquellos trabajadores con contratos vigentes antes del 12 de febrero de 2012 se les aplica un cálculo mixto: 45 días por el tiempo trabajado hasta el 12 de febrero de 2012 y 33 días por el tiempo posterior.
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ya concluyó que la actual indemnización viola el artículo 24 de la Carta Social Europea al considerar que la indemnización no es disuasoria ni reparatoria.
Esto podía dar poder a los jueces a establecer indemnizaciones superiores a las establecidas legalmente, pero el Tribunal Supremo lo frenó en seco. De modo que para que España cumpla con la Carta Social Europea, la indemnización por despido debe ser modificada por el Gobierno.
Una ayuda inesperada del PP
El Congreso de los Diputados aprobó recientemente una proposición no de ley (PNL) presentada por Sumar, en la que se insta al Gobierno a reformar el despido improcedente. La propuesta fue aprobada por un estrecho margen de 171 votos frente a 170, curiosamente gracias al error de voto del diputado del PP Joan Mesquida, que votó a favor de la iniciativa por equivocación. Una situación que recuerda el error del exdiputado del PP Alberto Casero en 2021, cuando votó a favor de la reforma laboral de Yolanda Díaz, permitiendo su aprobación.
El contenido de la proposición
Aunque la proposición aprobada no tiene carácter vinculante ni legislativo, sí representa una clara declaración política. El texto insta al Gobierno a regular una indemnización por despido que sea “realmente disuasoria y restaurativa”, teniendo en cuenta factores como el tamaño y facturación de la empresa, además de las circunstancias del trabajador.
Asimismo, se recuerda la necesidad de cumplir con los compromisos internacionales ratificados por España, en especial con la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la OIT.
Mesa de diálogo en octubre
Con esta aprobación Yolanda Díaz se pondrá manos a la obra para llevar a cabo esta reforma y por ello en octubre convocará la mesa de diálogo social. Unas negociaciones que seguramente se encontrará con la negativa de la patronal.