UGT quiere que la inteligencia artificial también aporte a la Seguridad Social si su avance termina destruyendo puestos de trabajo. Pepe Álvarez ha lanzado esta propuesta después de que Pedro Sánchez anunciara un nuevo “contrato social” para afrontar el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y confirmara que el Gobierno comenzará en octubre las conversaciones con sindicatos y empresarios.
El secretario general de UGT quiere aprovechar esa negociación para abordar qué ocurre con la financiación del Estado del bienestar si la tecnología permite a las empresas producir con menos trabajadores. Durante unas jornadas celebradas en la Universidad de Alcalá, Álvarez defendió que la IA y otras tecnologías deberían “pagar a la Seguridad Social” y avisó de que, si destruyen empleo, el Estado tendrá que hacer frente a las consecuencias.
Álvarez cree que no se crearán suficientes puestos para compensar todos los que puedan desaparecer con la llegada de estas herramientas. “Se empezó diciendo que la IA no destruiría empleo, pero no es verdad. Es imposible que se pueda crear suficiente empleo alternativo”, afirmó. Para el dirigente sindical, las grandes empresas también deben asumir parte del impacto que pueda tener este cambio sobre el empleo y sobre los recursos que sostienen el sistema público.
UGT quiere que la tecnología también aporte a la Seguridad Social
La propuesta pasa por buscar una fórmula para que la inteligencia artificial y otras tecnologías contribuyan al sistema si su implantación acaba reduciendo puestos de trabajo. “Frente a esa destrucción de empleo, las grandes corporaciones consideran que ese no es su problema. El Estado tiene que hacer frente a ello porque se juega su futuro”, señaló el secretario general de UGT, antes de defender que estas tecnologías “paguen a la Seguridad Social”.
Álvarez relaciona esa aportación con el mantenimiento del Estado del bienestar y considera necesario establecer límites para evitar que las consecuencias de una reducción del empleo terminen recayendo únicamente sobre el sector público. La propuesta parte de una idea sencilla. Si una empresa consigue mantener o aumentar su producción utilizando inteligencia artificial y necesita menos trabajadores para hacerlo, también puede disminuir el número de cotizaciones vinculadas a esos empleos.
Ese escenario ya ha empezado a aparecer en las conversaciones sobre cómo repartir las mejoras de productividad que puede generar la IA. La abogada laboralista Virginia López Bello planteaba recientemente qué debería ocurrir con los salarios, el tiempo de trabajo y la financiación de la Seguridad Social cuando una máquina permite hacer en menos horas lo que antes necesitaba una jornada complet.
CCOO pide ir más allá con los algoritmos que deciden sobre trabajadores
CCOO también ha recibido de forma positiva la convocatoria del Gobierno, aunque sus peticiones se dirigen hacia el uso que las empresas hacen de estos sistemas. Carmen Vidal, secretaria de Participación Institucional del sindicato, reclama conocer los posibles sesgos de los algoritmos cuando participan en procesos que afectan directamente a los trabajadores, entre ellos la selección de personal, la asignación de turnos e incluso los despidos.
Sus palabras llegan cuando ya se han aprobado nuevas obligaciones para las empresas que utilizan sistemas algorítmicos o automatizados en determinadas decisiones laborales, aunque estas reglas todavía no se están aplicando. El Real Decreto 723/2026 fue publicado en el BOE el 15 de septiembre y entrará en vigor el próximo 5 de octubre, fecha a partir de la cual comenzarán a aplicarse las nuevas obligaciones previstas en la norma.
Entre ellas se encuentra la obligación de informar sobre determinados sistemas automatizados y sobre sus pautas, criterios y reglas de funcionamiento cuando intervengan en decisiones relacionadas con la jornada, la asignación de tareas, los salarios, la progresión profesional, el lugar de trabajo o la extinción del contrato. CCOO quiere que la regulación de la inteligencia artificial avance también sobre los sesgos que pueden aparecer cuando estas herramientas participan en decisiones que afectan directamente a una persona.