El Ministerio de Trabajo ha anunciado que mejorará sus sistemas para detectar fraudes en materia de contratación.
Para ello se apoyará en una tecnología puntera, como es el big data. De esta forma, se analizarán millones de contratos y los datos de los trabajadores para detectar estos posibles fraudes.
Los falsos autónomos y la sucesión de contratos temporales son el objetivo de la Inspección de Trabajo.
Trabajo pondrá el foco especialmente en los falsos autónomos y los contratos fraudulentos de muchas empresas con la sucesión de contratos temporales.
Desde su llegada al Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz se marcó como objetivo mejorar la calidad del empleo. Y esto precisamente pasa por reducir la temporalidad de los contratos. En España el 90% de los contratos que se firman son temporales.
La reforma laboral que está preparando el Gobierno, no solo simplificará los contratos. También pretende obligar a las empresas a que solo puedan tener un 25% de su plantilla con contratos temporales. Además estas contrataciones temporales deben estar perfectamente justificadas, es decir, en el contrato se debe indicar la causalidad por la que se ha realizado el contrato.
Para conseguir este objetivo, además de esta reforma laboral y la creación de una herramienta que cree alertas sobre posibles fraudes, reforzará los efectivos de la Inspección de Trabajo.
De esta forma podrá afrontar con garantías la lucha contra el fraude en diferentes planos y garantizar la legalidad en el ámbito laboral. Sobre todo para acabar con el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas.
Controlar el fraude en las bajas por enfermedad.
Este refuerzo de la Inspección de Trabajo, también servirá para controlar los fraudes por baja de enfermedad. El número de bajas por Incapacidad Temporal ha crecido en el último año a consecuencia de la pandemia. Lo que supone un aumento en el gasto en prestaciones para la Seguridad Social.
Por lo que desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) se ha suscrito varios convenios con las comunidades autónomas para cruzar datos y sancionar a los trabajadores que estando de baja sigan trabajando. Estas sanciones podrían llegar hasta los 225.000 para las empresas que obliguen a los trabajadores a acudir a sus puestos de trabajo mientras están de baja.