Debido a la pandemia las bajas por enfermedad han crecido, triplicando el número de ausencias de los trabajadores por encima de los tres millones.
Esto supone un aumento en el gasto de la Seguridad Social en la Prestación por la incapacidad Temporal.
¿Qué es la prestación de Incapacidad Temporal? Es un subsidio diario de la seguridad social que tiene como objetivo cubrir la perdida de rentas del trabajador producida por enfermedad común o accidente no laboral, enfermedad profesional o accidente de trabajo y los períodos de observación por enfermedad profesional.
Esta prestación la pueden cobrar tanto los trabajadores autónomos como los que trabajen por cuenta ajena. Así, si la baja es por enfermedad común, recibirá el 60% de su base reguladora, que se abonará desde el día cuarto al vigésimo de la baja, ambos incluidos. A partir del día vigésimo primero, se abonará el 75%. Mientras en el caso de que sea por accidente de trabajo, recibirá el 75% de su base reguladora, que se abonará desde el día siguiente al de la baja.
Aumento de bajas por Incapacidad Temporal durante la pandemia.
Durante la pandemia, sobre todo en los primeros meses las bajas por enfermedad se triplicaron. Los contagios y la obligación de guardar cuarentena hicieron que durante el 2020 se dieran de baja más de 3 millones de trabajadores.
Los sospechosos de estar contagiados también tenían derecho a cobrar esta prestación, ya que por motivos médicos no podían acudir a su puesto de trabajo. Aunque todo dependía de si este trabajador a falta de conocer si es positivo, podía realizar su trabajo de forma telemática.
Aunque la situación no es la misma que en aquel periodo, con una situación mucho mejor la Seguridad Social destinará una gran partida para el pago de esta incapacidad temporal.
Así lo recogen los Presupuestos General del Estado para 2022, que destinará 10.818 millones de euros para dar cobertura a las bajas laborales.
Más control para evitar el fraude a la Seguridad Social.
Este aumento de la factura de la Seguridad Social ha motivado al Gobierno a destinar 315 millones de euros para reforzar el análisis y el control de la incapacidad temporal.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha suscrito varios convenios con las comunidades autónomas para evitar posibles fraudes en el cobro de esta prestación.
Gracias a estos convenios se han establecido acuerdos de colaboración coordinación entre la Administración General del Estado y las consejerías de salud de las comunidades autónomas. De esta forma se podrá estudiar el «comportamiento» de la prestación por incapacidad en cada comunidad y poder establecer los controles oportunos.
