El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha anunciado este domingo en rueda de prensa que un total de 255.00 ciudadanos recibirán a partir de este 26 de junio la nueva ayuda social, el Ingreso Mínimo Vital, un total de 75.000 hogares, de los cuales la mitad serán menores.
El próximo 26 junio, 255.000 ciudadanos recibirán el Ingreso Mínimo Vital en sus cuentas bancarias, esto representa que 75.000 hogares desde junio se van a ver beneficiados de oficio de esta medida, y más de la mitad de los beneficiarios de oficio van a ser menores. ha comentado el presidente.
Por parte del Gobierno como ya anuncio semanas tras el propio presidente, se espera que esta renta mínima llegue a un total de 850.000 hogares, dando cobertura a 2,3 millones de ciudadanos que no pueden cubrir sus necesidades básica.
El encargado de gestionar y controlar los requisitos será el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) excepto en el País Vasco y Navarra. A excepción de los beneficiarios que se les concederá de oficio, la parte burocrática que les corresponderá a los ayuntamientos es uno de los puntos del esquema que más problemas está dando.
También ha querido señalar que en solo una semana tras la puesta en marcha de la nueva web dedicada al Ingreso Mínimo Vital se han recibido más de 21 millones de visitas, en las que se han realizado 3,5 millones de simulaciones de las prestaciones. [acceder al simulador]
Otro de los puntos que el Gobierno va a tratar es la de reforzar a los ayuntamientos, ya que están recibiendo una gran cantidad de peticiones de ayuda local, pero no cuentan con la estructura y personal para hacer frente a un nuevo trámite burocrático.
Seguridad Social matiza que los ayuntamientos, una vez se firmen los convenios, serán una vía para pedir estas ayudas, además de las que proporciona el propio organismo de forma telemática a través de la web, también se intentará que se realice a través del tercer sector.
El principal temor de los ayuntamientos es que les lleguen decenas de miles de solicitudes de golpe, no puedan gestionarlas y se les acabe culpando por los retrasos (como ha sucedido con el SEPE y los ERTEs), demás de todas las demás gestiones que se deberán hacer no solo para aceptar la solicitud, también las de seguimiento para evitar el fraude por parte de los solicitantes, por eso el Gobierno avisa de las sanciones para los infractores.
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