El ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá sigue preparando el borrador que el Gobierno presentará a Bruselas sobre la futura reforma de las pensiones en la que se encuentran algunas modificaciones que no aprueban una parte minoritaria del Ejecutivo.

Una de las medidas que más revuelo ha causado es la posibilidad de que se eleve a 35 años cotizados para calcular la pensión, algo que Unidas Podemos se opone.

Esta medida que no estaba planteada en el Pacto de Toledo donde se recogieron 21 recomendaciones para la futura reforma labora y que se publicó el 10 de noviembre en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

Lo que si estaba en este pacto era la mejora de la cuantía de la pensión, manteniendo la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo para calcular la ase reguladora y para calcular la cuantía mensual de la pensión, sin embargo como novedad, el trabajador podría elegir los mejores años, eso ayudaría a que pudiera una vez sé el trabajador se jubile su pensión sea mayor.

(Actualmente se calcula sobre los últimos años, esto perjudicaba a muchos trabajadores que están a las puertas de la jubilación que durante los últimos años han tenido que lidiar con la crisis económica provocada por el «boom» del ladrillo y ahora con la crisis provocada por la pandemia del coronavirus)

Sin embargo, el Gobierno ha decidido modificar aún más este punto y pretende elevar a 35 años el periodo manteniendo eso sí que los trabajadores puedan elegir sus mejores años, sin embargo esto no evitará que los jubilados cobren en torno a un 5,5% menos.

¿Qué busca el Gobierno con esta medida?

El principal objetivo del Gobierno es garantizar la sostenibilidad el sistema, debido a que desde hace años la Seguridad Social arrastra un déficit considerable que hace peligrar las futuras pensiones. El déficit equivale al 1,5% del producto Interior bruto (PIB)

Una de las principales causas que achaca el ministro Escrivá aparte de que su ministerio hace frente a otros gastos que no le corresponden es que el gasto en pensiones sigue subiendo, pero los ingresos no se corresponden con lo que la administración tiene que pagar. Por lo que se seguirá alargan la edad legal de jubilación y se penalizarán aún más las jubilaciones anticipadas.

Como contra respuesta a estas penalizaciones, se «premiará»  a aquellos trabajadores que alarguen su tiempo en activo.

La Seguridad Social superará en enero los 10.000 millones mensuales de gasto en el pago de pensiones