sábado 1 febrero 2025
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Europa falla contra el despido improcedente en España: ¿subirán las indemnizaciones? Esto dice el Gobierno y sindicatos

El Consejo de Europa falla contra las indemnizaciones que se pagan en España por despido improcedente y abre vía para que el Gobierno y los jueces suban las indemnizaciones.

Aunque era un secreto a voces, este lunes el sindicato UGT ha dado a conocer, no en su totalidad, pero sí algunos puntos clave sobre la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que le ha dado la razón y ha fallado contra España en la regularización del despido improcedente.

El sindicato UGT presentó una demanda al órgano europeo después de que la reforma laboral llevada a cabo en 2022 por el Gobierno de España no derogase la reforma anterior de 2012, en la que se abarataron los despidos, concretamente el despido improcedente, que pasó de 45 días por año hasta un máximo de 42 mensualidades a 33 días por año hasta un máximo de 24 mensualidades. Aunque no fue lo único que reformó en aquella reforma, pues también se eliminaron en este tipo de despidos los salarios de tramitación.  En otras palabras, y como los sindicatos han defendido, se abarató y facilitó los despidos injustificados por parte de las empresas.

Ahora Europa da la razón al sindicato y ha fallado que la normativa española viola el artículo 24 de la Carta Social Europea que ratificó al completo España y que por consiguiente debería cumplir.

¿Está España obligada a subir la indemnización por despido improcedente?

El alcance real de la decisión no está muy claro, desde los sindicatos consideran que la resolución es vinculante y, por tanto, los tribunales están obligados a aplicarla y el Gobierno debe modificar la legislación para cumplirla. Es decir, deberá modificar las indemnizaciones por despido para que esta cumpla con el artículo 24 de la Carta Social Europea.

Sin embargo, el PSOE y los empresarios sostienen que es solo una recomendación y no tiene mayor trascendencia jurídica, en otras palabras, que no obligaría a España a modificar las indemnizaciones para que estas fueran más justas en el caso de los despidos improcedentes. Es importante recordar que a principios de julio el PSOE ya manifestó que el despido en España es adecuado y no prevé modificar la indemnización por despido a pesar de la insistencia de Yolanda Díaz y los sindicatos.

Curiosamente, los socialistas en el año 2020 llegaron a un acuerdo con Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral de 2012, lo que hubiera supuesto de haberlo llevado a cabo, volver a las indemnizaciones anteriores, las cuales eran muy superiores.

El fallo puede influir en los casos abiertos por despido

Aunque el Gobierno no se plantee por el momento reformar las indemnizaciones por despido, el fallo del CEDS una vez publicado podría influir en los casos abiertos por despidos.

Es más, incluso sin este fallo, en España ya ha habido casos en los que los jueces han otorgado a los trabajadores una indemnización por despido superior a la establecida por ley acogiéndose a la Carta Social Europea. Un claro ejemplo fue la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estableció una indemnización superior al considerar que la que dicta el Estatuto de los Trabajadores no compensa los daños que le causaron a una trabajadora. Así, esta trabajadora pasó de una indemnización de 941,78 euros a una de 2.766,58 euros.

Los posibles cambios en la indemnización por despido que se plantean

La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, plantea el despido reparativo, que ofrezca indemnizaciones que no solo se basen en la antigüedad de trabajador, sino que también se tengan en cuenta las circunstancias personales del trabajador y como le afecta la pérdida del empleo.

En el caso de UGT, son algo más flexibles, propone que una vía para cumplir con la Carta Social Europea podría ser eliminar el tope máximo de 24 meses a las indemnizaciones por despido improcedente. E incluso plantean fijar un mínimo de seis meses por despido improcedente para impedir los despidos injustificados en el caso de trabajadores con poca antigüedad y que son los más baratos por ese mismo motivo.

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